La Fiscalía General de la Nación quiere ponerle punto final a los escándalos por interceptaciones ilegales –chuzadas– que la han rodeado en los últimos años. Por eso, este miércoles dio a conocer una directriz que reúne criterios para hacer uso adecuado de la controversial herramienta.
La nueva orden tiene el objetivo de evitar a toda costa casos como el de las chuzadas desde su Sala Diamante, en 2018, por lo que el ente investigador prometió hacer un mayor seguimiento a toda actividad en materia de interceptación de comunicaciones, garantizando así los derechos a la intimidad y a dignidad.
¿Qué dice la directriz? ¿Cómo garantizar un efectivo control? Esas son dos de las preguntas que nacieron luego de que la vicefiscal, Martha Mancera, anunciara los detalles.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que va dirigida a proteger a investigadores, fiscales, analistas de salas y ciudadanos. Para cumplir su cometido, el fiscal Francisco Barbosa firmó el documento –conocido en su totalidad por EL COLOMBIANO–, en el cual se establecen 27 puntos con criterios de verificación, idoneidad y proporcionalidad.
¿Es algo nuevo? José Fernando Mestre, director del programa de Derecho Penal de la Javeriana, dice que partiendo de lo conocido en medios, no lo es, sino que ahora la Fiscalía “está en toda la disposición de cumplir la ley, de comenzar a respetar los derechos de los investigados”.
Las bases
Pese a que en el texto hay parámetros que se basan en jurisprudencia existente, la vicefiscal anunció la medida como un precedente sin historia, pues se seguirá un protocolo desde momentos previos a la emisión de la orden, hasta que su legalidad se someta ante un juez y sea entregada la interceptación.
El primero de ellos es que cada fiscal debe verificar preliminarmente la orden de interceptación y las razones de por qué es necesario interceptarle a una persona su línea telefónica, mensajes o correo electrónico.
El segundo paso es el de emitir la orden, para ello debe constatar que las pruebas, de nuevo, son tan fuertes que amerita el uso de la herramienta. Eso debe estar respaldado, “al menos, en informes de Policía Judicial, declaración de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios”.
En este punto, la abogada Dalila Henao subraya que se ha criticado que la decisión de interceptar a alguien provenga exclusivamente del fiscal, “mas no del análisis de un tercero imparcial, un juez, que reivindique la necesidad de vulnerar el derecho a la intimidad que tiene la persona”.
De todas formas, la Fiscalía dictó que, teniendo en cuenta los pasos previos, la orden de interceptación aplica en un plazo máximo de 180 días.
Después de eso viene el sometimiento ante un juez de control de garantías, quien velará la legalidad del trámite. En este, fiscal, investigadores y analista de sala deben coordinarse para ajustar las acciones de escucha pertinentes a cada proceso penal.
Y por último, el fiscal podrá solicitarle a la Policía Judicial informes sobre cómo avanza la diligencia, para así examinar si hay pruebas que sirven, si el procesado puede incurrir en otra actividad ilegal o si no hay evidencias.
Al final, con la interceptación hecha, la información debe sacarse en dos copias: una para cadena de custodia del caso, y otra para el fiscal.
Sobre estos parámetros, la penalista Henao coincide con Mestre: no es algo novedoso, y una de las razones es que “el único autorizado para crear o modificar normas es el Congreso, mas no el fiscal general”.
Los antecedentes
La directriz nace de escándalos por malos manejos a interceptaciones como el de la Sala Diamante, ubicada en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. El caso reciente es el que tiene hoy condenado a Luis Carlos Gómez Góngora, excoordinador de esa sala capturado en 2018, quien es señalado de chuzar a negociadores del Acuerdo de Paz, empresarios, políticos y sindicalistas.
Este tipo de irregularidades son muestra de que algo no venía bien al interior de la Fiscalía, así lo confirma Mestre, por eso, cree pertinente que el fiscal Barbosa adopte esta medida, ya que pretende evitar tomar “decisiones invasivas tan a la ligera”.
Y, por último, quedó establecido que en los casos en que la Fiscalía intercepte por petición de una autoridad internacional, vía cooperación, se deben garantizar estos mismos criterios.
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