Con una tutela, líderes de la comunidad en Tabaco en La Guajira, le piden a la Corte Constitucional que dicte una medida cautelar y detenga las obras de desviación del Arroyo Bruno en ese departamento.
Para tal fin, entregaron más de 35 mil firmas que apoyan la petición que está relacionada con la empresa Carbones del Cerrejón que planeó la desviación del arroyo, en un tramo de 3.6 kilómetros, para expandir sus marco de explotación, decisión que fue avalada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y rechazada las comunidades Wayúu.
Las organizaciones Censat Agua Viva y Sintracarbón presentaron un informe que indica que el Arroyo Bruno es un importante tributario directo del Río Ranchería y está relacionado con las dinámicas de aguas subterráneas que tienen altísima importancia para el abastecimiento del líquido de las comunidades en la región.
En su criterio, la desviación del arroyo, que fue suspendida inicialmente en mayo por el Tribunal Administrativo de La Guajira, “generaría daños irreparables en los sistemas ecológicos regionales con lo que necesariamente se afectaría el acceso al agua para numerosas comunidades, sus formas de producción agrícola, y con ello sus manifestaciones culturales”.
De acuerdo con su análisis, el desvío de este afluente significaría una pérdida de 4,4 L/seg para el río ranchería, lo que significa más de 11 millones de litros al mes.
Además, se indicó que el municipio de Albania toma agua del Arroyo Bruno ante los problemas de abastecimiento de su casco urbano, por lo que el desvío significaría una menor provisión de agua y por tanto problemas de salud pública para sus habitantes.
“El desvío del Arroyo como la expansión minera requieren la intervención de una amplia zona que generarían cambios en el nivel de precipitaciones aumentando la vulnerabilidad climática la región”, dice el informe.
