Resulta paradójico que en Colombia un esquema de seguridad no se le niega a casi nadie –activistas, influencers, periodistas o burócratas sin riesgo— pero sí a quienes de verdad tienen un riesgo extraordinario como líderes sociales en regiones apartadas o un político de la oposición como Miguel Uribe Turbay.
El atentado ocurrido hace una semana, que lo tiene en una UCI luchando por su vida tras recibir disparos en su cabeza y pierna, reveló las falencias de seguridad y protección por parte del Estado, que tenía el deber de proteger su vida. En concreto, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía, habrían cometido cinco grandes errores que EL COLOMBIANO investigó.
Evidentemente un esquema de seguridad no lo previene todo en un país violento como Colombia. Pero hay varios hechos que demuestran que las condiciones de protección no eran las que debía tener un personaje como Uribe Turbay. El propio director de la UNP, Augusto Rodríguez, lo reconoció en entrevistas un par de días después del atentado: “Reconozco que hubo insuficiencia, sí, y eso es lo que estamos analizando”.
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Mientras analizan en qué fallaron, el equipo jurídico de Miguel Uribe, al frente de Víctor Mosquera, se anticipó y denunció penalmente a Rodríguez: “Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que se presentaron estos hechos”, indicó el abogado a las afueras de la Fundación Santa Fe, donde se encuentra internado el precandidato presidencial. Además, la Procuraduría le abrió una investigación al funcionario por presunta “omisión de sus funciones” y la indagación se amplía para determinar si esa entidad garantiza también la seguridad a los miembros del Centro Democrático.
1. Número de escoltas y nivel de riesgo
El senador –cabeza de lista– y precandidato presidencial había solicitado por lo menos en 23 ocasiones desde 2023 medidas de refuerzo y apoyo en viajes a su esquema otorgado por ser legislador. Pero no era un senador más y no tiene que ver con su ideología.
En un documento de estudio de riesgo de la Policía de abril de 2024, Uribe manifestó “que tiene un riesgo histórico por ser hijo de una víctima (Diana Turbay) de uno de los actores del narcotráfico en Colombia (Pablo Escobar); a su vez es familiar de una víctima de las Farc y el M-19”. También señaló que desde febrero de ese año, en convención de su partido, manifestó intención de ser precandidato presidencial del Centro Democrático.
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Todas las solicitudes elevadas a la UNP, conocidas por este medio, fueron rechazadas y la razón era la misma: “La UNIDAD (sic) no asume los gastos asociados que con ocasión de la ejecución del convenio llegaren a generarse como gastos de viaje, viáticos, tiquetes, combustible y peajes (...) motivo por el cual es claro que los hombres de protección que hacen parte de los esquemas de protección asignados a los honorables senadores de la República no cuentan con servicios adicionales con cargo a los recursos del convenio”, aduciendo un tratamiento burocrático sin tener en cuenta la insistencia de las solicitudes.
Es más, en los viajes de Uribe a las regiones se volvió frecuente que el senador estuviera acompañado solo por uno o dos escoltas y que tomara taxi para desplazarse, como sucedió hace tan solo un par de semanas en la convención de Asobancaria en Cartagena.
Según funcionarios de la UNP que hablaron bajo reserva con este diario, Uribe tenía un nivel de riesgo extraordinario. En orden de menor a mayor son “Riesgo Ordinario, Extraordinario y Extremo. Cada una de esas categorías se divide a su vez en niveles de 1 a 5. (...) Por su condición de senador, el doctor Uribe estaba en la categoría de riesgo extraordinario nivel 3”, señala la fuente.
El perfil de riesgo del líder opositor se incrementó aún más si se tiene en cuenta que anunció medidas concretas contra el microtráfico, narcotráfico y los grupos criminales. De ser elegido como presidente, Uribe dijo que lo primero que haría sería “desmontar la farsa de la paz total de Petro, que para lo único que ha servido es para empoderar criminales (...) Lo cierto es que este Gobierno renunció a cuidarnos”.
Además, el concejal con el que estaba el día del atentado, Andrés Barrios, logró que se aprobara un proyecto que consiste en que en Bogotá se señalicen las zonas libres de drogas. Anunció con júbilo la medida hace dos semanas junto a Uribe Turbay: “A partir del 7 de agosto de 2026 vamos a prohibir el consumo de drogas en todo el espacio público”, señaló.
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Este diario constató en terreno que el joven sicario de 15 años, que le disparó a Uribe, se movía en una zona de expendio de drogas; una de las hipótesis que estudian las autoridades es si el atentado tuvo que ver con esa lucha contra el microtráfico y el poder criminal de las bandas en los barrios de Bogotá. En la mira hay capos de ollas de la localidad Santa Fe y expendedores de Engativá, donde vivía el presunto autor material.
De hecho, cuando fue capturado después de recibir un disparo en la pierna, el menor dijo: “Yo les digo quién fue. Fue el man de la olla (sic). Yo les voy a dar los números, déjenme darles los números, déjenme parar y les doy los números”, gritaba desde el piso luego de recibir un tiro en la pierna por uno de los escoltas.
Por todo lo anterior, tener tres escoltas al momento del atentado fue una falla grave. “Por mi parte ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, declaró el presidente Gustavo Petro dos días después del atentado. Luego, incluso, le echó la culpa a la Policía porque el coordinador del esquema es policía y no de la UNP.
2. “Autorelevo” el día del atentado: ¿ilegal?
El día del atentado, sábado 7 de junio, el senador Uribe solo estaba con dos escoltas al momento del disparo. El tercero estaba en la camioneta, como lo ordena el protocolo. La primera falencia es que debió haber estado un escolta adicional, que según fuentes expertas en seguridad, debía cubrirle la espalda, por donde finalmente el sicario le disparó. La razón por la que no estaba el cuarto escolta fue porque justo ese día su esquema hizo uso de una práctica conocida como “autorelevo”, que es normalizada en los esquema de seguridad, y se usa para que todos los escoltas se roten y puedan descansar un día, pero sin que sean reemplazados.
EL COLOMBIANO conversó al respecto con Giovanni Gallo, presidente del sindicato “Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad” (Analtrasec), quien asegura que esa práctica “es ilegal porque contractualmente, según el estudio de riesgo hay un número exacto del número de escoltas que tiene un protegido y que no debe modificarse. En el caso de Miguel Uribe, la UNP fue informada del ‘autorelevo’, y lo que hace es ahorrar dinero. Porque el escolta sale a descansar tienen que mandar un relevo porque o si no debilita el esquema”.
Tal fue la falla con el “autorelevo” que la unión temporal que contrata los escoltas de Miguel Uribe, UT Andinos, decidió dos días después del atentado no hacer uso de esa práctica por los riesgos que puede ocasionar en los esquemas: “(...) sin que exista previa autorización por parte de la UNP”, dice el comunicado. Sin embargo, ninguna otra empresa con la que la UNP terceriza la contratación de los escoltas hizo lo mismo. “La normalización de esa práctica puede causar problemas graves para varios protegidos con alto riesgo”, agrega Gallo.
Este diario buscó una respuesta de la UNP sobre este tema del “autorelevo”, pero al cierre de la edición no hubo respuesta. Buscamos también sin éxito documentación que pudiera determinar la legalidad de esa práctica.
El director Rodríguez dijo en una entrevista con W Radio que “hubo unas situaciones que para el día del evento fueron lamentablemente coincidentes. El senador terminó su día laborable a las 3:00 de la madrugada y las personas de ese esquema tuvieron que ir a sus casas y luego regresar desde la UNP a las 2:00 de la tarde a recogerlo en un punto y luego desplazarse hacia el sitio, donde había una actividad que no había sido avisada ni coordinada con las dos entidades de protección”.
Pero no fue así. La propia fiscal general Luz Adriana Camargo dijo que la actividad política estuvo anunciada desde el jueves de esa semana porque el sicario y sus cómplices lo estaban planeando desde ese día.
3. El papel de la Policía y los protocolos
Los errores en la protección de Uribe no fueron solo de la UNP. La Policía también tenía responsabilidad no solo porque en el esquema hay miembros activos de esa institución sino porque el día del atentado ocurrieron presuntas violaciones a los protocolos.
Fuentes del entorno de Uribe le dijeron a este diario que su equipo pidió acompañamiento a la Policía, pero no hubo una respuesta oportuna. Incluso, algunos le dijeron a la Fiscalía que los pocos policías que estaban el día del atentado no habrían sido diligentes.
En los videos del atentado se observa que el presunto autor material se movió sospechosamente entre el público, le preguntó a una señora “¿quién es ese?” y se acercó sin ser detectado por los escoltas o los policías presentes alrededor de la multitud.
Según el Reporte Coronell, uno de los policías manipuló sin guantes la pistola Glock con la que disparó el sicario, sacó del proveedor la única bala que quedaba y se metió al chaleco el arma con la recámara abierta, saltándose los protocolos de la cadena de custodia. “El perímetro no estaba cubierto y por eso el sicario pudo salir corriendo, cómo es que no arman el diamante de seguridad”, dice una fuente de inteligencia experta en la materia.
4. Pelea entre Uribe Turbay y Rodríguez en 2023
Menos de una hora después del atentado, el director de la UNP dio una entrevista a La FM en la que dijo una frase polémica: “Estamos en un escenario en donde algunas personas, por la polarización que hay en el país, están asumiendo unos riesgos más altos por sus propias posiciones políticas”, lo que cayó mal en la oposición porque se interpretó como si le estuviera atribuyendo culpa o responsabilidad a la persona que sufrió el atentado.
EL COLOMBIANO encontró que en agosto de 2023 Uribe Turbay y Rodríguez tuvieron una pelea pública precisamente por el manejo de los esquemas de seguridad. El senador hizo una denuncia en la que reveló que un grupo de congresistas del Pacto Histórico y de las Farc habrían recibido recursos públicos para los viáticos y peajes de sus esquemas.
Rodríguez, que militó en la guerrilla del M-19 junto a Petro y ha sido su asesor durante décadas, dijo que la lista que presentó el senador era “amañada” y que él había recibido también viáticos, pero luego matizó la aseveración diciendo que fue en 2018 cuando no era senador.
Así le respondió Uribe: “¡El director de la UNP MIENTE! Nunca siendo senador he recibido un solo centavo para pagar la gasolina o para los viáticos de mi esquema de seguridad. Esta es una falsedad del director de la UNP para defender a sus amigos de las FARC y el Pacto Histórico que dejamos en evidencia”.
Casi dos años después, Rodríguez dijo después del atentado que como funcionario ha “protegido más a la oposición” que a los cercanos del Gobierno. Los hechos dicen otra cosa.
5. ¿Rodríguez es idóneo? Escándalos en la UNP
La falta de idoneidad de Rodríguez para ocupar ese cargo y los escándalos bajo su administración en la UNP han sido revelados por EL COLOMBIANO desde principios del 2024.
En su momento contamos que la entidad tuvo que modificar los requisitos para nombrar a Rodríguez quien es ingeniero químico de profesión y tiene cursos sobre hidrocarburos y otros asuntos que no tienen que ver con la seguridad y protección. Ha sido de los pocos directores de la entidad que no tiene maestría, que antes era un requisito. La entidad también habría modificado el manual para nombrar al subdirector de protección, justamente uno de los cargos que más requiere un perfil técnico.
Además, este diario expuso que el director sí se afanó para ponerle esquemas de protección a su cúpula de funcionarios más cercanos sin que tuvieran estudios de riesgo sino exclusivamente con la discrecionalidad que a Rodríguez le da dirigir una entidad que maneja más de 2,8 billones de pesos anuales. También revelamos que hubo contratos calificados como innecesarios como la creación de la UNP Radio y la Línea Vida, que tienen todo tipo de líos en su implementación.
Esta semana, tras el atroz atentado a Miguel Uribe y en pleno pico de violencia en las regiones del país, Rodríguez decidió retirarle el esquema de protección a Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados y un funcionario que atacó a grupos criminales, además de opositor del Gobierno. Uno de los argumentos que el poderoso aliado del presidente expuso fue que “los esquemas no son para siempre”. El poder tampoco.
