El Gobierno Nacional no está dejando en Antioquia la plata que se recoge en sus peajes. Mientras corredores como la Autopista Medellín - Bogotá y la Troncal de Occidente se caen a pedazos, el grueso de los recursos que salen de los cuatro peajes del Invías en Antioquia, que representan más de una sexta parte de lo que se recauda en peajes en todo el país, no están siendo invertidos en esos corredores.
Las cifras son elocuentes. Tan solo entre 2022 y 2023, mientras en Antioquia se recaudaron $214.321 millones de los peajes de Cocorná y Puerto Triunfo (de la Autopista Medellín - Bogotá) y Los Llanos y Tarazá (de la Troncal de Occidente), apenas el 4,7% fue destinado a inversiones en esos mismos corredores, esto de acuerdo con datos de un estudio realizado por la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de Infraestructura, con base en documentos públicos del Invías.
Si este último porcentaje se compara con 2021, un año antes del inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, emerge un pronunciado desplome, ya que de los $106.514 millones recaudados en esos mismos cuatro peajes durante esa vigencia, fue el 42% el que se invirtió en esos corredores.
En medio de las recientes protestas ocurridas en la Autopista Medellín - Bogotá, en la que precisamente los transportadores volvieron a exigir que se le haga un mantenimiento de fondo a la vía, estos datos ponen sobre la mesa el interrogante de cuál es la destinación que el gobierno central le está dando a esos recursos, que por ley deben quedarse principalmente para inversiones en la región.
Cabe recordar que en la red vial del país hay 153 estaciones de peaje, 121 a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura y 32 a cargo del Invías.
En 2024, mientras en el grupo de la ANI se calculaba un recaudo neto de $4,9 billones, en el grupo de estaciones a cargo del Invías se calculó un recaudo de $0,6 billones.
En el caso del Invías, muchas de las vías que hoy están bajo su jurisdicción fueron entregadas por concesiones privadas en años recientes, como es el caso de las vías Córdoba - Sucre, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Zipaquirá - Palenque, Guaduas - Korán y, en Antioquia, el tramo de la autopista Medellín - Bogotá entre Santuario y Caño Alegre en 2018.
En Antioquia, los peajes a cargo del Invías son cuatro: dos en la Medellín - Bogotá y dos en la Troncal de Occidente, en el tramo entre Hoyorico y Caucasia.
Tan solo en 2023, el peaje más rentable de todos fue el de Cocorná, con un recaudo de $40.760 millones. En segundo lugar aparece el peaje de Puerto Triunfo, con un recaudo de $35.451 millones; después el de Los Llanos, con $15.303 millones recaudados; y luego el de Tarazá, con $12.976 millones.
Si se suman los recaudos de 2021, 2022 y 2023, tan solo esos cuatro peajes aportaron una entrada de $320.840 millones al presupuesto del Invías, en un promedio de un recaudo anual de $106.945 millones.
A pesar de esas cifras, los recursos para el mantenimiento de esas dos vías son sustancialmente inferiores. En enero de 2025, el Invías lanzó dos procesos de contratación relacionados con esas dos vías, uno con el objeto de gestionar, operar y mantenerlas por $75.200 millones y otro de interventoría a ese mismo proceso por $8.800 millones; sin embargo, ambos fueron cancelados.
Tan solo en mayo pasado, el Invías volvió a lanzar otros dos contratos con objetos similares, pero esta vez por $25.147 millones para gestión, operación y mantenimiento, y de $4.343 para hacer la interventoría.
Más allá de si esos recursos son suficientes o no, un interrogante que ha abierto las cada vez más estrechas partidas presupuestales que se invierten en esas vías es si esta situación estaría riñendo con lo que establece la ley.
Bajo ese panorama, son principalmente dos normas las que entran en el radar: la Ley 105 de 1993 y la Ley 2276 de 2022.
Mientras en la primera se establece que la asignación de los recursos provenientes de los peajes por parte del Invías como mínimo debe invertirse un 50% “para construcción, rehabilitación y conservación de vías en el respectivo departamento donde se recaude y el excedente en la respectiva zona de influencia”; en la segunda se establece que los recursos provenientes de los peajes deben invertirse en los departamentos en los que se originan los recursos.
“Los recursos recaudados por concepto de peajes en vías de la red vial nacional no concesionada serán invertidos por el Instituto Nacional de Vías en la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la vía objeto del peaje y, cuando esta cumpla con los estándares técnicos requeridos, los recursos remanentes resultantes podrán destinarse por ese Instituto a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de vías de la red vial nacional no concesionada en el o los departamentos de origen de los recursos”, establece dicha norma en su artículo 84.
Además de este interrogante, otro factor que pone en duda la pertinencia de esa reducción en las inversiones por parte del Gobierno Nacional son los datos del estado de las vías provenientes del mismo Invías, que en junio de 2024 calculó que solamente en el caso de la vía Santuario - Caño Alegre solo un 18% estaba en buen estado, un 27% regular y un 55% en mal estado.
Esta semana, en medio de ese panorama, cientos de transportadores y habitantes bloquearon la autopista Medellín - Bogotá demandando una intervención de fondo, ante los cientos de huecos que tiene ese corredor y que se asocian a múltiples siniestros viales, principalmente en el tramo a cargo de la Nación.
Intentando apaciguar los ánimos de los manifestantes, el Invías señaló que intensificaría sus labores de mantenimiento, sin precisar si dicho plan se traduciría en nuevos contratos o más recursos para ese corredor, que sin importar su estado y a punta de “pañitos de agua tibia” sigue llenando día a día las arcas de la Nación.
