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Fiscalía pedirá orden de captura contra directivos de la San Martín

  • El fundador de la Unviersidad San Martín, Mariano Alvear. FOTO COLPRENSA
    El fundador de la Unviersidad San Martín, Mariano Alvear. FOTO COLPRENSA
04 de marzo de 2015
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El Fiscal encargado del proceso que se adelanta por las irregularidades en la Fundación Universitaria San Martín pedirá ante un Juez de la República que avale la orden de captura que se reclama en contra de Mariano Alvear y los representantes legales de esa institución educativa, Ricardo Caballero y Juan Carlos Mahecha, además de otros integrantes de la familia Alvear.

Esto como consecuencia de las investigaciones que adelantan por los de delitos de fraude a resolución judicial y estafa masiva a los estudiantes, debido a las irregularidades que se han presentado en el manejo de dineros del centro educativo.

Del mismo modo, se está analizando la posible realización de una estafa masiva a los estudiantes ya que la Universidad estuvo ofreciendo las carreras de Medicina, Odontología, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas y otras Ingenierías. En 2012, las autoridades nacionales de educación le quitaron la autorización para educar en estos programas.

Y es que según el ente investigador mediante maniobras engañosas han estado burlando la prohibición de ofrecer estos planes de estudio a los jóvenes estudiantes del país.

Además, existen conductas que podrían configurar la realización de los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad y alzamiento de bienes, por lo que la Fiscalía está realizando labores para establecer si es posible iniciar una investigación sobre estos hechos.

“Con el derecho a la educación no se juega”: Mineducación

La ministra de Educación, Gina Parody, se pronunció respecto a la orden de captura que la fiscalía busca hacer efectiva en contra de la familia Alvear, tras el descalabro presentado en la Fundación Universitaria San Martín.

En ese sentido la jefe de la cartera de Educación recordó que en su momento se interpusieron las denuncias correspondientes debido a que estas personas habrían incurrido en delitos contemplados en el Código Penal.

“Había un presunto enriquecimiento ilícito y una presunta estafa masiva a los estudiantes”, dijo Parody y añadió que “este es un anuncio muy importante para el país, pues quedó claro que con el derecho a educación no se juega. Si alguien quiere hacer plata está en todo su derecho, pero no a costa de la educación”, añadió la funcionaria.

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