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Exsecretario de Educación de Bogotá deberá pagar millonaria sanción fiscal

  • El Consejo de Estado ordenó que el exsecretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez, cancele la sanción fiscal de más de 1400 millones de pesos. Foto: Colprensa.
    El Consejo de Estado ordenó que el exsecretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez, cancele la sanción fiscal de más de 1400 millones de pesos. Foto: Colprensa.
Colprensa | Publicado el 16 de febrero de 2020

El Consejo de Estado ordenó que el exsecretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez, cancele la sanción fiscal de más de 1400 millones de pesos que la Contraloría les impuso a él y a otros exservidores distritales, por irregularidades en un predio que consiguió.

La determinación del alto tribunal quedó en firme, luego de que Rodríguez presentara una acción legal con la que pretendía tumbar los efectos de la sanción fiscal, que se dio por cuenta de la adquisición de un predio en el sector de Mochuelo Alto, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, por 1.491 millones de pesos, pese a que el vendedor lo había comprado cinco meses atrás por solo 180 millones.

Tal situación lo llevó a un juicio de responsabilidad fiscal que terminó con una sanción contra el exfuncionario, determinación que quedó en firme el 14 de septiembre del 2009. Tras no estar de acuerdo con la determinación, Rodríguez y sus abogados interpusieron una acción para tumbar tal decisión, al considerar que no se habían cumplido los presupuestos para declarar su responsabilidad, entre otros argumentos.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no acceder a sus pretensiones, por lo que este interpuso un recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

Sin embargo, la corporación ratificó la decisión, al considerar que el demandante no expuso argumentos que condujeran a concluir que las apreciaciones sobre las que se edificó el fallo de la Contraloría no correspondían a la realidad.

El Consejo de Estado agregó que Rodríguez no se refirió a los elementos de prueba allegados al proceso, ni esgrimió ningún elemento que desvirtuara lo allí acreditado. Por lo que estas “certezas conducen a concluir que la responsabilidad fiscal fue demostrada sin que se hiciera evidente ningún factor eximente de la misma”.

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