El pueblo que el presidente Petro tanto usa en sus discursos no salió a las calles este miércoles 28 de mayo, cuando los sindicatos más fuertes y numerosos del país convocaron a un paro nacional en exigencia de que se realice la Consulta Popular que ya fue negada por el Senado, o que se apruebe la reforma laboral en su versión original sin ninguna modificación, lo que es imposible en las democracias liberales en donde existen los parlamentos.
Una mujer de más de 70 años tuvo que caminar unos 5 kilómetros para poder llegar a su casa de regreso de una cita médica, porque en el Portal de Transmilenio de la Calle 80 en Bogotá 20 personas bloquearon durante casi todo el día las salidas y entradas de los buses articulados. “No he podido conseguir transporte y me toca caminar todo ese tramo. Así es imposible, yo qué hago”, le dijo a este periódico.
Algo parecido ocurría en la estación de la Campiña en la Avenida Suba cuando los buses tuvieron que parar por alrededor de 30 minutos. Unos 10 manifestantes sin organización ni logística trataron de atravesar a la calle contenedeores de basura. Los encapuchados no lo lograron y retrocedieron porque los ciudadanos afectados quitaron los contenedores y los obligaron a retirarse. Los buses volvieron a activar su servicio inmediatamente.
En Bogotá las afectaciones fueron en esencia en el Portal Américas y la Autopista Sur, y más tarde en la avenida 30 en la Universidad Nacional, en donde otra vez hubo desmanes en una ola creciente de inseguridad y problemas de acoso a mujeres que la rectoría no ha podido detener.
En otras partes del país tampoco hubo grandes movilizaciones. Había temor por lo que pudiera ocurrir en el Cauca debido a los planes impredecibles de los actores armados. Incluso se habló de posibles atentados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le dijo a EL COLOMBIANO que “toda marcha es susceptible de saboteo. Uno de ellos es mediante atentados terroristas o focos de violencia. Los manifestantes deben reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa”. Pero eso no ocurrió.
Esta podría ser la manifestación más pequeña en todo el Gobierno Petro, pese a que Fabio Arias, el dirigente de la CUT que convocó el paro, dijo a este diario que para él el balance era positivo y afirmó que esperaban cuatro millones de personas.
En Medellín hubo movilizaciones pero no fueron masivas, tampoco en Cali ni en Barranquilla, en donde hace unas semanas el presidente estuvo en el Paseo de Bolívar con toda la logística electoral de Benedetti y los operadores de la Costa. Lo de fondo es que la capacidad de las calles podría haberse desgastado y eso se convierte en un problema para el mandatario.
Como le sucedió a la mujer de 70 años que tuvo que caminar cinco kilómetros, el paro de hoy para la mayoría de ciudadanos en la capital del país se convirtió en un castigo. Es inexplicable que una manifestación, que es directa e indirectamente promovida por el Gobierno, bloquee el transporte público: un servicio esencial. Las autoridades no respondieron para desalojar a las personas porque los grupos de manifestantes eran muy pequeños. Pero si se generaran en los próximos días bloqueos más numerosos las unidades de la Policía podrían activarse y con eso una fricción violenta que tampoco le conviene al presidente; él es hoy el que está llamado a garantizar el orden público y a gobernar, no a a desestabilizar al propio gobierno.
El otro problema para Petro es que si las constantes convocatorias a movilizaciones se siguen haciendo sin preparación, entonces el Gobierno queda en el riesgo de que se vea sin poder y control en las calles, lo que le ha dado hasta ahora toda la batería de discurso al mandatario. El presidente se siente fuerte porque le habla a colectividades de 20 o 30 mil personas y a esos grupos los llama “el pueblo”. Aunque el concepto de el pueblo es evidentemente mucho más plural y heterogéneo. El pueblo no es solo el grupo de sus electores, sino todos los ciudadanos colombianos.
Y de otro lado, las manifestaciones también parecen quedarse sin justificación, porque la reforma laboral está a punto de aprobarse con un debate por darse en la plenaria del Senado. Es casi la misma reforma que se aprobó en la Cámara con algunas modificaciones como estímulos para la economía informal, o las horas extra a partir de las 7 de la noche y no de las 6 de la tarde, como lo quería el Gobierno. Con esa reforma aprobada no habría motivo para la consulta y por lo tanto tampoco para la campaña en las calles y plazas públicas del país. Pero es claro que al presidente también le interesa hacer campaña para el año electoral.
Las manifestaciones de hoy demostraron que el Gobierno tendrá que recalibrar su estrategia. Si las protestas que promueve y consiente el presidente ocasionan daños a la ciudadanía, el Gobierno pierde puntos. Si las calles no se ven llenas tampoco convence su poder de movilización y eso a su vez fortalece a la oposición. Y, finalmente, si no hay razones para la protesta, el mandatario se queda sin gasolina para la campaña presidencial del 2026.