Una acusación formal de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación en contra del nuevo embajador en Chile, Temístocles Ortega, así como el nombramiento del nuevo embajador en México, Moisés Ninco Daza, al que le tuvieron que valer un simposio de dos días para validar sus méritos, sumó dos nuevas razones para cuestionar la manera como se están eligiendo los representantes de Colombia ante el mundo.
En el caso de Ortega, de acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados datan del periodo 2012-2015, cuando fue gobernador de Cauca.
“El exmandatario estaría involucrado en posibles anomalías en el trámite y celebración del contrato con la Fundación Edicol por un valor cercano a los $2.600 millones, y cuyo objeto era la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay”, informó la Fiscalía.
Las presuntas anomalías incluyen estudios de suelos falsos, inconsistencias en los cálculos de diseño del alcantarillado, irregularidades en la gestión de licencias ambientales y de los permisos ante la Aeronáutica Civil. La Fiscalía lo acusó por contrato sin cumplimiento de requisitos.
La investigación penal comenzó en 2022, cuando el político era senador del partido Cambio Radical. No obstante, ese expediente en curso no fue impedimento para que el Jefe de Estado lo nombrara este mes como embajador en Chile.
La situación produjo inconformidad en esferas del poder político y dentro del petrismo, pues bajo la premisa de “no querer gente investigada en su Gobierno”, el Presidente despidió a decenas de altos oficiales de las FF.MM. y de la Policía en octubre.
La respuesta de Ortega
En diálogo con EL COLOMBIANO, el diplomático reiteró que en este caso la Fiscalía también debió pedir la preclusión del cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales: “No cabe ninguna responsabilidad penal para mí. Aquí no se cuestiona si la obra se hizo o no, porque se terminó y presta el servicio para cuyo fin fue construida. Tampoco se cuestiona si se hizo con falencias, porque la obra está bien y perfectamente terminada”.
Desde su punto de vista, “ese supuesto incumplimiento, la Fiscalía lo hace consistir en que no hay documentos de la autorización de la Aeronáutica Civil. Mi respuesta es que se trata de la continuación y terminación de una obra que venía haciendo la propia Aeronáutica, no es una obra iniciada desde cero por el municipio o la Gobernación”.
Agregó que la parte técnica del proyecto, que en principio fue presentado por la Alcaldía a la Gobernación, fue verificada en su momento por la Secretaria Técnica del Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) y el Ministerio de Transporte, entidades que le dieron el aval, y que el DNP y la Contraloría “hicieron el control y archivaron, señalando que la obra se había ejecutado legalmente”.
En cuanto a su nuevo cargo, Ortega indicó que el nombramiento ya está en firme, pero que aún falta la posesión.
Preguntado sobre si esta acusación podría afectar su labor en la Embajada, indicó que consultaría a sus superiores. “Voy a hablar sobre el tema para determinar la conducta a seguir”, expresó.
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