Condenado por el carrusel de la contratación y el caso Centros Poblados, Emilio Tapia reclama un esquema de seguridad de la UNP tras quedar en libertad condicional. Aunque dice estar en riesgo por colaborar con la Fiscalía, la justicia ya le negó escoltas pagados con recursos públicos, mientras sigue sin reparar al IDU y a las víctimas por el multimillonario desfalco.
Emilio Tapia Aldana, uno de los rostros más emblemáticos de la corrupción en Colombia, asegura que su vida corre peligro tras haber recuperado la libertad en abril de este año.
El cerebro detrás del caso Centros Poblados y condenado previamente por el Carrusel de la contratación en Bogotá, insiste en que se encuentra “escondido y desprotegido” y por eso reclama un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La defensa de Tapia argumenta que, pese a su libertad, su cliente continúa colaborando con la Fiscalía en calidad de testigo dentro de los procesos que aún se tramitan por el carrusel de la contratación.
En esos casos están vinculados siete exfuncionarios del Distrito, entre ellos Miriam Margoth Martínez (exgerente de la Uaesp) y Néstor Eugenio Ramírez (exdirector del IDU).
Según su abogada, Diana Muñoz, la cooperación con la justicia lo ha puesto en riesgo: “Lo que él ha tenido que hacer es estar escondido porque está completamente desvalido en lo que tiene que ver con su seguridad, mientras colabora en procesos contra personas que no solo ostentan poder político e institucional, sino que además tienen conexiones con otros sectores igual de poderosos”, dijo en una audiencia en julio, que fue revelada recientemente por Cambio.
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Por eso Tapia solicitó un esquema de seguridad financiado con recursos públicos. Su propuesta incluye un vehículo blindado y dos escoltas permanentes para cada integrante de su familia. Rechazó el programa de testigos de la Fiscalía porque, según él, podría exponerse aún más: “Si me dan escoltas, lo acepto de inmediato”, dijo en diligencia.
La fiscal 88 de la Unidad Anticorrupción, Martha Judith Alfonzo, apoyó la solicitud de la defensa de Emilio Tapia para que se le asigne un esquema de protección costeado con recursos estatales.
Sin embargo, a finales de julio de 2025, el juez 74 penal de garantías de Bogotá, Omar Beltrán, rechazó la pretensión de Tapia. Según explicó, la defensa no presentó pruebas suficientes que justificaran un esquema de la UNP. “Podrá ser Emilio Tapia Aldana o cualquier otra persona, pero hay presupuestos administrativos que se tienen que cumplir para que se verifique si es objeto o no de protección”, advirtió el togado en la diligencia revelada por el medio citado.
Según explicó, la defensa no presentó pruebas suficientes que justificaran un esquema de la UNP. “Podrá ser Emilio Tapia Aldana o cualquier otra persona, pero hay presupuestos administrativos que se tienen cumplir para que se verifique si es objeto o no de protección”, advirtió.
El juez también reprochó que los supuestos “vasos comunicantes” que impedirían aceptar la protección de la Fiscalía no se sustentaron con pruebas ni denuncias concretas. En consecuencia, el caso quedó cerrado y la decisión no fue apelada.
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Además del debate sobre su seguridad, Tapia sigue en deuda con el Estado. Dentro del principio de oportunidad que mantiene con la Fiscalía desde 2013, debe reparar económicamente al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad víctima del saqueo durante la administración de Samuel Moreno.
El apoderado del IDU, David Grajales, ha insistido en que no ha habido voluntad de cumplir: “Con preocupación vemos que no ha existido por parte del señor Tapia el deseo o la intención de dar cumplimiento a lo que establece la ley durante el periodo de suspensión a prueba. A la fecha no ha existido manifestación alguna de su parte”, señaló.
Tapia ha ofrecido un lote en Tabio, Cundinamarca, como parte de la reparación, pero hasta el momento no hay avances concretos. La Fiscalía, entretanto, le ha prorrogado cada año su principio de oportunidad, pese a esos incumplimientos.
Escuche, Emilio Tapia: la historia de una infamia:
Tapia llegó a la última diligencia judicial que tenía asignada acompañado de 14 escoltas privados. Desde allí, reiteró que mantiene sus negocios en el sector de la construcción y que sigue contratando con entidades públicas, como el Invías y el IDU.
El contratista habló con naturalidad de sus condenas. Primero, la de 2015 por el carrusel de la contratación en Bogotá, que inicialmente fue de 17 años y terminó reducida a siete.
Y luego habló de la más reciente, de seis años y cuatro meses por el escándalo de Centros Poblados, un fraude que embolató 70.000 millones de pesos de un anticipo para conectar escuelas rurales durante el gobierno de Iván Duque.
Aunque la jueza de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Fernández Castellón, le concedió libertad condicional, la funcionaria pasó al otro lado del estrado: hoy enfrenta una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en esa decisión.
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