A falta de tres semanas para salir de la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos concluirá hoy una de sus principales promesas en materia ambiental: dejará los 37 páramos de Colombia con un decreto de protección.
Según informó la Presidencia, el mandatario anunciará la delimitación para los páramos Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cocuy, Chiles Cumbal y La Cocha; más la protección para El Duende, Cerro Plateado y Pisba, llegando así al 100% de la meta trazada en 2014.
Sin embargo, la decisión que tomó la Corte Constitucional el pasado 6 de noviembre, que dejó sin efectos el decreto de protección sobre el páramo de Santurbán (el primero en recibir uno) pondría la celebración en riesgo.
El alto tribunal determinó en su sentencia que el proceso que realizó el Gobierno para proteger a este páramo entre Santander y Norte de Santander no incluyó a todos los actores de la comunidad y, por tanto, se le daba un año para hacer lo que faltó y volver a presentar la delimitación.
“Cuando entregaron el de Santurbán, dijeron que ese era el modelo que se iba a replicar en lo otros 36 páramos. Entonces eso los deja a todos a una demanda de caerse”, explicó Erwin Rodríguez Salah, uno de los demandantes del fallo sobre esta primera delimitación, quien agregó que “el Gobierno está siendo imprudente, ¿cuál es el afán de seguir sin tener las correcciones?”.
A eso se le suma que sobre la ley de páramos, aprobada recientemente en el Congreso, deja en claro que todas las delimitaciones vigentes al momento de expedición de la nueva norma se mantendrán, lo que podría implicar que se conserve un modelo objetado.
¿Quedaron los páramos de Colombia asentados en un castillo de naipes? EL COLOMBIANO consultó a dos expertos en temas constitucionales quienes interpretaron al situación.
Para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, “la jurisprudencia de la Corte resulta obligatoria en materia de derechos. Entonces si se hace la delimitación con errores que constituyan en perjuicios irremediables hay que aplicar la sentencia”.
Lo que haría más propenso a estos 36 nuevos decretos a perder demandas sería que la Corte estableció parámetros que aún no se han cumplido.
En otras palabras, el alto tribunal “no ordena tumbar sino implicar actos administrativos (como resoluciones o decretos) y esto solo ante perjuicio irremediable y la ausencia de otro medio judicial idóneo para garantizar la participación ciudadana”.
Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán consideró que como cada páramo tiene un caso concreto y particular, “habría que analizar la circunstancia particular de cada una de esas delimitaciones”.
“La Corte resolvió para el caso particular y concreto de Santurbán. No lo declaró inexequible, sino que hacía falta cosas”, entonces, si otra comunidad de otro páramo demanda, amparado en lo dicho anteriormente, “habría que establecer el caso específico y los derechos que se invoquen. No es necesariamente un efecto dominó” .
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