La hasta hace poco directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) habla sobre su salida del cargo tras negarse a armar un decreto que afectaría los ahorros de millones de colombianos.
El Estado puede parecer un laberinto difícil de descifrar por sus vericuetos técnicos y jurídicos. Pero las decisiones que se toman desde allí impactan la vida de millones; gústenos o no, en la política se define lo importante de una sociedad.
Eso quedó demostrado estos días con la polémica salida de una alta funcionaria del Gobierno que se atrevió a oponerse a lo que desde la evidencia se considera un exabrupto: traer de un solo tajo más de $250 billones que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tienen invertidas en el exterior con ahorros de los colombianos.
La economista Mónica Higuera, de larga trayectoria en el sector financiero, dirigió hasta hace poco la Unidad de Regulación Financiera (URF), que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y funciona como el “brazo técnico” que proyecta la regulación para bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, sociedades comisionistas de bolsa, cooperativas, fondos de empleados y el sector fiduciario.
Más allá de otra renuncia, este episodio revela el caos que reina en el alto Gobierno entre el jefe de Estado y sus altos funcionarios y la forma como se toman las decisiones que afectan a millones de ciudadanos. La exdirectora Higuera concede su primera entrevista para prensa a EL COLOMBIANO.
“Voy a empezar con el contexto. Con la Ley 2381, la ley pensional, hubo unas necesidades regulatorias para darle forma a parte de la ley. Eso era potestad de la URF y otra parte del Ministerio de Trabajo. El presidente Petro, de manera reiterada, ha manifestado su inconformidad con que haya dinero, es decir ahorros de los colombianos, de los afiliados a las AFP, fuera del país; según él, el deber ser y el ideal es que el ahorro público esté en Colombia financiando proyectos de inversión que puedan generar empleo, crecimiento, dinamismo de la economía y que puedan ayudar a crecer no solo el saldo de los afiliados, sino el bienestar social. Hay un decreto del Gobierno Santos que estableció que las AFP pueden llevar dinero al exterior y decidir cuánto invertir afuera. Como resultado, a través de la valorización de la tasa de cambio y las diferentes alternativas en el mundo, las AFP tomaron la decisión de llevarse gran porcentaje de los recursos de administración que existen en el sistema. Aproximadamente de los $500 billones que se administran, la mitad están fuera del país. El presidente Petro ha dicho públicamente que ese dinero debería regresar al país.
Ahí es donde comienza el problema porque el superintendente financiero, César Ferrari, toma la iniciativa de hacer un decreto y lo envía al Ministerio de Hacienda. La entidad facultada por ley para presentar cualquier proyecto de mejora normativa y o estudio financiero es la URF y el superintendente o el ministro de Hacienda o sus delegados hacen parte del consejo directivo. Me envían ese documento para revisar la modificación a los límites de inversión de emisores del exterior y me piden que se adelanten de manera prioritaria las gestiones pertinentes para dar con el trámite correspondiente de la eventual expedición de esa propuesta normativa. Yo le respondo que recibo el insumo y que le voy a solicitar a la Superfinanciera los análisis y justificaciones que fundamentan esa propuesta y que un proceso de intervención regulatoria debe ser efectivo, eficiente, basado en evidencia.
Es decir, ¿cuánto le va a costar esto al sistema o a los clientes y cuáles son los beneficios? Porque son dineros de seguridad social de los colombianos para su pensión y que de manera profesional lo administran unos terceros que son las AFP. Una vez que yo le envío a la Superintendencia mi requerimiento les pido el sustento y les recuerdo que la entidad que hace los estudios es la URF. Entonces me envían unos documentos y análisis. Reviso y digo que eso es parcial y que no me da el suficiente sustento para que se genere una propuesta regulatoria sólida para atraer los recursos. Nos reunimos y les explicamos también a Hacienda que no sabemos qué tan conveniente sea para la institucionalidad enviar un mensaje de que si la Ley 2381 está suspendida y yo estoy esperando que la Corte se pronuncie sobre esa ley y sus efectos, pues mueva otra ley que es Ley 100. Y se les hizo saber que debía existir un principio de publicidad y de participación ciudadana porque uno no puede sacar una normativa tan grande sin hablar con quiénes son los que las van a aplicar, que son los regulados, en este caso las AFP”.
“Sí, me llama el ministro Ávila y me dice que necesita el decreto con esos límites modificados de manera urgente y yo le explico que eso no es posible porque debe haber primero un estudio técnico para justificar los cambios y que es muy poco el tiempo. Lo que él pide es que se traiga en seis meses el dinero, $125 billones, que son más de la mitad de lo que hay afuera, es decir $250 de los $500 billones total. Le digo que eso no se puede, que es absurdo. Y me dice que eso es una orden del presidente Petro, que lo debo hacer.
Mi equipo trabaja a toda velocidad para modular una propuesta que no es la misma propuesta de la Superintendencia, sino que la que creíamos, desde el punto de vista técnico y jurídico, que podía ser probable. Pero no coincide en tiempos ni en montos ni en transiciones con lo que Ávila y Ferrari proponían. En el consejo directivo de la URF el 20 de octubre leo unas alertas sobre el posible decreto y por qué era inconveniente. El viceministro técnico, Leonardo Pazos, me pregunta si la propuesta tiene lo que el ministro Ávila me pidió y le digo ‘no señor, la propuesta tiene lo que esta Unidad considera que debe ser lo mejor para los afiliados. ¿Usted como miembro del consejo tiene alguna propuesta?’ Y él se para de la mesa, dice que se levanta la sesión y se va.
En ese momento siento que me voy a ir y hago mi carta de renuncia. Pero es hasta el 3 de diciembre que me llaman al despacho del ministro Ávila y me dice que ha decidido unos cambios en la entidad y me pide la renuncia inmediata y hago pública mi carta. En la tarde me dicen que le tengo que entregar la Unidad a Larissa Caruso, que es una señora que no tiene experiencia en el sector financiero”.
“El exministro Bonilla en su momento vino a mí con esa preocupación, pero más asociada a derogar el decreto que le permitía a las AFP llevar las inversiones al exterior. Y esa era una preocupación que traía el doctor José Roberto Acosta desde Crédito Público; él lo manifestó en repetidas ocasiones y se lo manifestó al señor Presidente. En ese momento el doctor Bonilla me hizo la pregunta a mí sobre cómo manejaría eso y lo que le comenté fue que estando la ley pensional en discusiones y de ser aprobada, pues íbamos a tener la oportunidad de modelar los portafolios de inversiones cuando esa ley ya estuviera vigente, mientras esperábamos la nueva ley pensional y el exministro Bonilla lo entendió y respetó mi criterio”.
“Toca una fibra sensible porque para mí él es una persona cercana y es un amigo. Es un amigo personal a quien conozco hace muchos años y sé que es inocente de lo que se le acusa. Y creo que si hay algo a lo que tal vez todo el mundo debería entender, y es que lo que el ministro Bonilla hizo de cara a revisar las asignaciones presupuestales era lo que hacían absolutamente todos los ministros. Todos los ministros anteriores a él tenían su enlace del Congreso y revisaban cuáles eran los congresistas que apoyaban al Gobierno para revisar cómo priorizar sus proyectos por región. Entonces, pues, de ahí en adelante deberían revisar todo lo que pasó de aquí para atrás. Yo creo que él es inocente. Lo pude visitar, lo acompañé y él sabe que lo quiero, lo estimo, lo respeto”.
“En una publicación le advierto a él sobre la inconveniencia que traté de advertir y él me contesta que yo tengo razón, y que efectivamente su preocupación es la de que todo el dinero ande afuera y que aquí en Colombia nosotros no tengamos inversión que beneficie al sistema económico. Pero cuando leo el trino del presidente Petro es donde pienso que él no sabía de la iniciativa de que en seis meses $120 billones fueran traídos, porque él admite que eso no se puede hacer y que lo hay que hacer es frenar la salida de recursos y empezar a ver cómo gradualmente se invierten acá. Entonces mi duda es si en verdad esa instrucción era de él o era del superintendente Ferrari o del ministro Ávila. Porque a la luz queda que el presidente Petro no tenía claridad en eso específicamente”.
“Yo me pronuncio sobre lo que me dijo el ministro, que fue ‘en seis meses traiga 120 billones de pesos’. Para que los lectores entiendan eso es como si les digo vamos a la sección de licores de un supermercado y nos tomamos todo el vino, tequila, vodka, ginebra, aguardiente y ron. Pues eso es imposible, el cuerpo no lo aguanta y podría generar la muerte.
Es lo mismo que decir que voy a liquidar un montón de inversiones que están a plazos dispersos –cinco, diez, quince, veinte años– en activos disperso como fondos, ETF, monedas, países, compañías, capital privado, edificios, proyectos de infraestructura, proyectos agrarios, en un montón de cosas en otros países que no son de fácil liquidez, y que en la mayoría de casos ni siquiera se ha hecho toda la inversión que se tiene que hacer para que el afiliado cumpla con el objetivo de esa inversión. Tendríamos pérdidas. Si vamos a traer inversiones que están en monedas distintas, pues vamos a traerla a la tasa de cambio por el piso. Como la Seguridad social es una responsabilidad del Estado, pues que la gente reciba su pensión, adivine a quién le va a tocar después ver cómo saca dinero para pagar las pensiones de la gente: al Estado”.
“En primer lugar, la experiencia de haber servido al público creo que es lo más grande que me ha pasado a mí en la vida después de ser mamá. Cuando me voy me da una tristeza profunda porque siento que no le serví al partido en el que militaba, la Colombia Humana. Estoy en un shock de tristeza porque veo que todo lo que hice como que se fue por el caño por no cumplir una sola instrucción final que fue impartida por el ministro Ávila. Si el presidente Petro no sabía entonces me pregunto si hay una desconexión entre la información, hay temor de la gente a preguntarle su opinión sobre algo, no le comunican, o le dan ideas para hacerlo quedar mal...
Quedo confundida porque yo creo profundamente en él y desde mi corazón que el presidente Petro no le quiere hacer daño a los colombianos. Creo que tal vez las personas que están encargadas de decirle las cosas como debe ser no son capaces de pararse y decirle ‘vea, esto es así o así y podría ser así’, sino que es más fácil como acomodarse a ser proactivos y tal vez garantizar que se quedan donde están que atreverse a jugarse la piel y decirle ‘no, esto no se puede’ o exponerle los riesgos y decirle ‘déjeme lo moldeo’. El mismo presidente dice que está dispuesto a sentarse con las administradoras a ver cómo lo hacemos. Por Dios. Eso para mí era desconocido”.
“En mi opinión, sí. Está mal asesorado”.
“Claro. Era mi muerte reputacional y la de la URF”.
“Fue inexistente. El ministro Ávila no me citaba ni se reunía conmigo. Yo lo que hacía era enviarle correos o chats donde le contaba los avances de la Unidad y le decía los eventos que había participado y cuál era el mensaje que había llevado. Por lo general no me contestaba. La única llamada que recibí de él que en la que me pidió lo del decreto, fue una conversación un poco tensa y en la que le manifesté que lo que me estaba pidiendo era imposible”.
“Mire, invitaría a que los lectores busquen las cartas de respaldo que emitieron los gremios sobre mi salida: Asobancaria, la Bolsa de Valores, Fasecolda, Asobolsa. No hay ningún gobierno en que los gremios financieros hubieran enviado un espaldarazo así a una persona que sale y de la manera que sale. No es porque yo hubiera sido amiga de los gremios, sino porque fui una profesional intachable de cara a la política pública que tenía que proyectar en la que ellos estaban involucrados. Lo que quiere decir es que yo hacía mesas técnicas de conversación, escuchaba solicitudes y explicaba el por qué de una decisión. No imponía nada. Para mí fue realmente maravilloso recibir esos mensajes. Mi vida fue muy solitaria mientras estuve en la dirección, pero siempre hacía reuniones en público, con abogados y técnicos, todo por encima de la mesa. Ahora vuelvo a mi familia, vuelvo a mi vida privada, vuelvo a recuperar mi salud porque la verdad yo por el país entregué todo lo que fui”.
“Si yo hubiera estado en el gabinete de cara a tomar la decisión sobre ese aumento, creo que también hubiera renunciado. Me parece un aumento desproporcionado de cara a la realidad económica del país, que si bien tiene una buena intención, tiene unos efectos colaterales bastante rudos sobre el sector bancario, por supuesto el sector asegurador y sobre todo, en el bolsillo de la gente más pobre y vulnerable”.
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