Orlando José Cabrales Martínez y Felipe Castilla Canales, expresidentes de Reficar, serán imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según nuevo material probatorio de la Fiscalía, el contrato PMC (Project Management Consultant), cuyo valor inicial superó los 95 millones de dólares, habría sido entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant, sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista, como lo determina la ley.
Esta adjudicación, que según la Fiscalía se hizo ‘a dedo’, habría limitado la participación de otras compañías que podrían haber acreditado el perfil y la experiencia para asumir la gerencia, asistencia y vigilancia de los contratos de construcción de la refinería, las interventorías y otras obligaciones contempladas.
La audiencia de formulación de cargos se cumplirá el próximo jueves 25 de abril, en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá. Respecto al exdirectivo Cabrales Martínez, esta es la segunda imputación en su contra.
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En julio de 2017 fue judicializado como presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos y actualmente cumple medida no privativa de la libertad.
Las investigaciones de la Fiscalía han permitido conocer el esquema de corrupción en la construcción de la Refinería de Cartagena, considerado el más grave caso de corrupción de Colombia.
Vale recordar que Castilla Canales se desempeñó como presidente entre abril y octubre de 2009, mientras que Cabrales Martínez lo fue entre octubre de 2009 y noviembre de 2012.
Desde noviembre pasado, el fiscal delegado para las finanzas criminales, Andrés Jiménez, anunció que se abrieron nuevas líneas investigación en el caso Reficar en el que la Fiscalía General ha logrado evidenciar un desfalco por 610.000 millones de pesos en la modernización de la Refinería de Cartagena.
En este proceso, tanto la Fiscalía como la Contraloría General, han seguido de cerca las actuaciones alrededor del proyecto, como se lo dijo a EL COLOMBIANO el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, en septiembre pasado, al señalar que este es solo uno de los casos en los que ha actuado el organismo de control.
