En la madrugada de este martes, el Gobierno Nacional concretó con éxito la extradición de Andrés Marín, conocido como ‘Pipe Tuluá’, señalado líder del grupo criminal La Inmaculada. Su traslado a una cárcel en Estados Unidos mantuvo en alerta a las autoridades ante posibles retaliaciones por parte de esa estructura delincuencial, que incluso habría intentado ejecutar un plan de fuga para evitar la salida del país, el cual finalmente no se materializó.
La Inmaculada es una organización criminal surgida de exintegrantes de la banda Los Rastrojos, con base de operaciones en Tuluá, Valle del Cauca. Este municipio ha sido escenario de homicidios, extorsiones y múltiples delitos atribuidos a dicha estructura, razón por la cual la extradición de su principal cabecilla generó preocupación tanto en las autoridades como en la comunidad.
No obstante, en diálogo con este diario, el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez, aseguró que, hasta el momento, no se ha emitido ninguna alerta adicional ni se han registrado amenazas de retaliación tras la extradición.
Alcalde, ¿ustedes sabían que el operativo de extradición se concretaría este martes para poder adoptar alguna medida de seguridad?
“A mí nunca me van a decir nada de esas cosas. El Gobierno no alerta a nadie sobre procesos de extradición. No informa a quién van a extraditar, cuándo, cómo ni dónde. Esa no es una función ni una responsabilidad de los alcaldes, y por lo tanto el Gobierno no está obligado ni interesado en entregarnos ese tipo de información”.
Ahora que ya se concretó la extradición, ¿se adoptó alguna medida ante el temor de posibles represalias de este grupo criminal?
”No vamos a tomar ninguna medida excepcional. Desde hace tiempo la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía vienen trabajando de la mano con los gobiernos departamental y municipal, atendiendo de manera constante y oportuna las acciones delincuenciales que se presentan en el municipio. Lo único adicional que se ha solicitado es el cierre temporal de algunas vías en puntos específicos, como la Fiscalía o el edificio municipal. No ha habido directrices distintas. Además, he conocido comunicados recientes de esa organización delincuencial en los que aseguran no tener interés en generar hechos de violencia contra la ciudadanía, por lo que no consideramos necesario adoptar medidas extraordinarias”.
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¿Es decir que no hay ninguna alerta especial?
”No, no hay ninguna alerta adicional a las que ya manejamos de manera permanente. Seguimos trabajando de forma articulada con la Policía, el Ejército y la Secretaría de Gobierno para garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad en el municipio”.
Tras la extradición de Marín, ¿tienen información sobre un posible sucesor?
“No, eso no lo sabemos. Por ahí se habla de alias Care Gallo o alias Pipe, en general personas que hacían parte de su anillo de confianza. Pero yo, realmente, no tengo una información precisa de quién es la persona que queda a cargo de esta organización delincuencial”
Desde que Marín fue recluido en Bogotá, ¿el orden público en Tuluá tuvo alguna transformación?
”Es indudable que después de que el Gobierno Nacional anunció, en junio, que esta persona estaba en proceso de extradición, comenzaron a disminuir las actividades en contra de la ciudadanía, especialmente las amenazas contra funcionarios públicos, que venían siendo recurrentes durante todo el 2024 y el primer semestre de 2025.
Nuestra principal solicitud al Gobierno siempre ha sido que no se afecte a la ciudadanía, que no haya explosiones, atentados contra comerciantes, empresarios o personas del común”.
¿Ustedes sienten tranquilidad con la extradición de este hombre?
”Para nosotros, este es un proceso normal de la justicia. La extradición de un delincuente a una cárcel en Estados Unidos garantiza algo fundamental y es la incomunicación. Si desde las cárceles no se permitiera que quienes cumplen condenas sigan delinquiendo mediante llamadas, videollamadas o coordinaciones externas, este problema sería mucho más fácil de controlar. El hecho de que una persona sea llevada a Estados Unidos prácticamente asegura que no podrá seguir comunicándose con sus lugartenientes ni coordinando actividades ilícitas en contra de la ciudadanía”.
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¿Qué tan fuerte sigue siendo ese grupo criminal en Tuluá?
”Ha habido un accionar contundente del Estado, así como de la Administración Municipal, eso ha generado una disminución en la capacidad de acción de esa organización delincuencial. Sin embargo, es claro que aún existen personas vinculadas a estas estructuras. Ellos han mantenido lo que yo llamo un monopolio de los asesinatos, y todavía pueden presentarse hechos violentos contra la ciudadanía”.
Alcalde, ¿usted sigue recibiendo amenazas? El año pasado se dijo que despachaba desde su casa por seguridad. ¿Cuál es su situación hoy?
”Eso no es cierto. Yo siempre he despachado desde la Alcaldía. Desde el 2 de enero de 2024 hasta hoy, mi lugar de trabajo ha sido la Administración Municipal, ya sea en el edificio central o en cualquiera de sus dependencias. Es cierto que he recibido incontables amenazas, lo que llevó a que el Estado dispusiera para mí y mi familia un esquema de protección muy fuerte, que me acompaña las 24 horas del día. En algunos desplazamientos puedo ir acompañado por entre ocho y once personas. Es una situación compleja, especialmente por el impacto que tiene en la unidad familiar, mis hijos y mis nietos viven fuera de la ciudad, lo que implica una separación permanente”.
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