La propuesta del presidente Gustavo Petro para otorgar un boleto de salida navideño a los capturados de Primera Línea sigue causando revuelo en todos los estrados judiciales.
La crítica más reciente fue la del fiscal general Francisco Barbosa, quien se fue de frente en contra de la propuesta de Petro y aseguró que este hecho no solo sería ilegal sino que menoscabaría la independencia de los poderes públicos que debe caracterizar a una democracia. “El ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, le dijo Barbosa a la revista Semana.
Ni los jueces, ni la Fiscalía, ni las cortes tienen claras las maniobras jurídicas de Petro para cumplir con esa promesa que hizo desde que ganó las elecciones. Lo cierto es que todo apunta a que nombrarlos como gestores de paz es una acción inviable.
La razón es que, según la Ley 418 de 1997, que fue modificada por la 2272 de este año, es un requisito que esos gestores pertenezcan a un grupo armado ilegal con el que el Gobierno tenga intenciones de negociar la paz.
En este caso, la Primera Línea no podría entrar en ese paquete porque no se ha conformado como un grupo armado al margen de la ley, sino como uno de protesta durante el estallido social de 2021.
En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, en conversación con El Tiempo señaló que se trataría de un hecho inédito porque la figura de gestores de paz ya se ha usado en negociaciones con las Farc, el ELN o las AUC, por lo que meter a la primera línea en ese paquete sería complejo porque no tienen relación alguna con grupos armados y organizados.
De los hechos ocurridos durante las protestas hay 9 condenados y por lo menos 171 imputados por delitos graves. Por eso, esta medida igual fue criticada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien mencionó que eso sería como “otorgarles medidas de excarcelación a condenados por delitos como homicidio, tortura y terrorismo, que nada tienen que ver con el derecho a la protesta.”
El magistrado Quiroz destacó que lo más importante es el debido respeto hacia las instancias judiciales. “Todavía no hay mucha claridad sobre cuáles serán las funciones de estos gestores ni sobre el procedimiento para su liberación, claridades que son necesarias porque esta figura de los gestores de paz tiene unos fines específicos y no puede terminar desnaturalizada. Quiero resaltar que lo más importante es que sean los jueces y fiscales quienes tengan la última palabra”.
¿En qué va?
Lo que se sabe es que, ante la falta de claridad tanto en el procedimiento de liberación como en las funciones de los gestores, se mantiene la expectativa del decreto presidencial al que ya se le venció el plazo y tendría que estar listo esta semana. Allí se dejarían plasmadas las reglamentaciones para darle cumplimiento a esa promesa de Petro.
Pese a las constantes críticas de los sectores políticos y judiciales, la decisión todavía tiene apoyo en un sector de la Cámara de representantes que firmó el pasado 6 de diciembre una carta de respaldo e invitó a acatar las peticiones del mandatario.
Por otro lado, el senador Gustavo Bolívar se ha mantenido firme en la defensa de la figura de “gestor social”, que legalmente no existe, sobre todo tras el fracaso en el trámite de una ley que en la práctica buscaba la amnistía a los miembros de la Primera Línea.
A fin de cuentas esa incertidumbre en medio de la polémica podría resultar en un espaldarazo de sectores importantes a la anhelada “paz total” de Petro
