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“Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar”: fiscal arrecia en críticas contra la paz total de Petro

Previo a la reunión que sostendrá con el presidente el próximo lunes, el fiscal visitó Estados Unidos y dijo que las autoridades de ese país comparten sus preocupaciones frente a la principal política de paz del Gobierno.

  • Barbosa (centro) se reunió con el fiscal General de EE. UU. Merrick Garland (izquierda) y con el fiscal adjunto Kenneth Polite (derecha). FOTO: FISCALÍA
    Barbosa (centro) se reunió con el fiscal General de EE. UU. Merrick Garland (izquierda) y con el fiscal adjunto Kenneth Polite (derecha). FOTO: FISCALÍA
25 de enero de 2023
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El fiscal Francisco Barbosa arreció una vez más en sus reparos a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro y atizó la polémica alrededor de su negativa a levantar las órdenes de captura contra 16 jefes paras.

En medio del ‘toma y dame’ que ha protagonizado con el primer mandatario, Barbosa reclamó ahora que el alto al fuego que el Ejecutivo pactó a final de año con varias organizaciones alzadas en armas –que ha implicado también que la Fuerza Pública suspenda su accionar–, se equipara a que el Estado hubiese hecho “un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali”.

“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. Nosotros lo que tenemos que decir es que estos decretos tienen que ser revisados desde lo que implica para la operatividad del país”, manifestó Barbosa.

Las declaraciones del fiscal se dieron al término de una visita a Washington, en Estados Unidos, donde se reunió con su par en ese país, el fiscal Merrick Garland, así como con funcionarios del Departamento de Justicia.

En esa línea, aseguró que las preocupaciones que ha expresado frente a la política de paz total de Petro –que han escalado hasta un rifirrafe público con el jefe de Estado–, también las comparten las autoridades judiciales norteamericanas.

“Hay una preocupación sobre ceses de hostilidades con narcotraficantes porque es una figura inédita dentro del derecho internacional y dentro del derecho de los derechos humanos. Es necesario que eso se entienda de la mejor manera. El decreto produce –y para mí es lo preocupante en el marco de mis competencias–, que se desarticule la política de la persecución policial en Colombia”, agregó Barbosa.

El encuentro se da como antesala a la reunión que sostendrán el próximo lunes el fiscal y el presidente. Según el jefe del ente investigador, durante esa cita le expresará a Petro esas preocupaciones.

“Hay un apoyo indeclinable (del Departamento de Justicia) en cada uno de los propósitos que tenemos. El objetivo es tratar de recomponer el país en una serie de temas que pueden haber fallado. Es importante que esto sea parte de la discusión que voy a tener con el Presidente para equilibrar lo que está ocurriendo para que todos podamos vivir bajo las ideas de un Gobierno que ganó, pero también bajo el Estado de derecho”, precisó.

Ante los reclamos que ha formulado el fiscal, la semana pasada el propio Petro reconoció que el funcionario “tiene razón en algunos temas” y se declaró confiado de que el próximo 30 de enero puedan sentarse a discutir para “evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”.

La polémica se desató después de que Barbosa se negó a levantar las medidas de la justicia contra 16 jefes de estructuras criminales, advirtiendo que ni el Clan ni los Pachenca tienen carácter político y, por tanto, “no existen condiciones constitucionales” para aplicar esa medida.

La génesis de los reparos que hizo Barbosa, atizados por su negativa a levantar las órdenes de captura, se remontan a las postrimerías de 2022, cuando Petro anunció que había pactado un cese bilateral al fuego con cinco organizaciones armadas: el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.

Sin embargo, días después se desató la controversia porque la guerrilla del ELN negó que hubiesen pactado tal cese. Ante ello, el Gobierno reanudó las operaciones militares y policiales en contra de los grupos subversivos.

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