El delegado para las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación, Andrés Jiménez, entregó los primeros resultados en la investigación que se sigue contra diversas personas y empresas por los llamados ‘Panamá Papers’.
A estas personas se les imputarán oficialmente los delitos que en criterio de la Fiscalía cometieron, en las próximas horas, esto ante un juez.
Entre los capturados están Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de la empresa de mensajería Servientrega S.A a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito en particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.
Asimismo, fue capturado Juan Estaban Arellano Rumazo, representante legal de Mossack Fonseca & Co. a quien se le imputarán cuatro delitos.
También cayó Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty, por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
¿Cómo funcionó?
La Fiscalía comprobó en su investigación que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 “un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”.
Asimismo, las sociedades extranjeras eran “meras fachadas” controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios que nunca existieron ni se prestaron.
No obstante, las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas.
Las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, sin embargo, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.
Por la actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia cobraba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.
Tras cobrar su comisión, enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes.
De esta manera se ocultaba el dinero y las intenciones de los clientes de esta empresa.
Se estima que al menos 14 sociedades colombianas habrían acudido a este método para generar dividendos de forma irregular, por medio de la falsificación de su contabilidad real a la DIAN.
