Los bienes pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Fiscalía ocupó bienes de exmagistrado condenado por el Cartel de la Toga
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El exmagistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, fue condenado a nueve años y medio por su participación en el Cartel de la Toga. FOTOS Colprensa y Twitter Fiscalía -
26 de octubre de 2021
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El exmagistrado Gustavo Malo, condenado por uno de los mayores escándalos de la justicia colombiana, el conocido Cartel de la Toga, fue objeto de medidas cautelares impuestas por la Fiscalía este 26 de octubre a cuatro de sus bienes.
El ente investigador le ocupó, con fines de extinción de dominio, un apartamento y dos parqueaderos ubicados en Bogotá, además del 50 por ciento de otro inmueble en Cartagena, que en total están avaluados en $1.170 millones.
Los bienes habrían sido adquiridos con dineros ilícitos, dentro del entramado de corrupción del Cartel de la Toga, llevado a cabo entre los años 2012 y 2016, y por el cual el 12 de agosto fue condenado el exmagistrado por los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir y prevaricato por omisión.
En la investigación, adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se evidenció que en dicha época Malo Fernández, al parecer, realizó pagos anticipados sobre un inmueble que luego vendió a otra persona, al parecer, para burlar la acción de las autoridades sobre el referido predio.
Respecto a un bien en Cartagena, la Fiscalía aplicó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo respecto del porcentaje que le perteneció al exmagistrado. En este caso se determinó que Malo Fernández habría realizado una maniobra fraudulenta al enajenar su parte a un familiar para así evitar la persecución de la propiedad, por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Malo Fernández fue condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a nueve años, seis meses y 12 días de prisión por su participación en el dicho entramado corrupto.
Además, deberá pagar una multa de 94.48 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 127 meses y 17 días.
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