El empresario antioqueño Juan Manuel Piedrahíta se limitó a atender la señal de pare que le hicieron un par de uniformados de la Policía a su vehículo para que iniciara su calvario. Corrían las 7:30 a.m., del lunes 5 de junio de 2017, y el hombre de 59 años se dirigía de su casa en Envigado a su empresa, en Sabaneta, para iniciar la semana.
Juan Manuel desapareció, los dos supuestos policías se lo llevaron con rumbo desconocido, de él se supo varios días después cuando llamaron a la familia para exigir una millonaria extorsión que permitiera su liberación.
Un año después, exactamente el 20 de junio pasado, un operativo de la Policía en varias ciudades dejó al descubierto a la banda de “Los Magníficos”, un grupo de cuatro policías activos, cinco retirados y un particular, que se dedicaban al secuestro extorsivo, al parecer, valiéndose de su condición de agentes de la ley para abordar a las víctimas y engañarlas con falsas órdenes de captura.
El de Piedrahíta fue uno de los cinco casos ocurridos en el Valle de Aburrá por los que están investigando a este grupo desde 2011, pero esta no ha sido la única ocasión en la que agentes del orden terminaron involucrados en los hechos que deberían estar previniendo.
En los últimos dos años, de agosto de 2016 a la fecha, la Fiscalía General de la Nación involucró a 2.488 miembros de la Policía en investigaciones criminales. En esta estadística, los patrulleros han sido los más reseñados.
Tan solo el 1 de noviembre pasado, un patrullero fue imputado por la muerte de un habitante de calle en la Estación del Norte de la Policía en Bucaramanga y dos semanas antes, el 23 de octubre, dos fueron enviados a prisión en Medellín por pedirle un millón de pesos en efectivo a un constructor que no tenía los papeles en regla.
Aunque el número de reseñas no es estadísticamente abultado en comparación a los 176.429 uniformados en las filas de la Policía y que las garantías que ofrece el Estado amparan la presunción de inocencia de los investigados, que en un 98% se encuentran sin sentencia, también es cierto que por la relevancia de esta entidad dentro de la sociedad, cualquier caso de corrupción debe preocupar.
Después de todo, tal como sostiene el generar (r) Rosso José Serrano, uno de los directores más exitosos en la historia de la institución, “o se es Policía o se es corrupto; no hay excusas ni medias tintas”.
Hasta la cima
Uno de los factores de mayor singularidad que encontró EL COLOMBIANO en las reseñas criminales de hombres que están o fueron parte de la institución en los últimos dos años es la cantidad de altos rangos.
23 casos, que van desde coroneles hasta generales, están siendo investigados, en materia criminal, por la Fiscalía. En procesos disciplinarios, la Procuraduría General de la Nación reportó que 40 de 196 investigaciones activas que registran en el mismo periodo corresponden a policías de alto rango.
Estos son mucho más visibles en el radar nacional. Casos como el del general (r) Rodolfo Palomino, exidrector de la Policía, involucrado en un escándalo por la existencia de una presunta red de prostitución al interior de la institución, continúan en la percepción de la ciudadanía, a tres años de haber ocurrido.
Lo mismo para el general (r) Humberto Guatibonza, que el 12 de septiembre pasado fue capturado, acusado de estar vinculado a un negocio de “chuzadas” ilegales que aún no termina de aclararse.
Expertos coincidieron en que esto reviste suma gravedad pues, a diferencia de un hombre de base, un alto mando salpicado en actos de criminalidad muestra un cierto grado de premeditación y desdén hacia los valores de la institución.
Sin embargo, fueron cautos al recalcar que la demora en la justicia, reflejada en la falta de sentencias, dificulta obtener una visión más acertada de la problemática.
La base de la pirámide
El origen de este tipo de investigaciones podría estar relacionado con lo permeable que puedan ser los miembros de la Policía al entorno en el que trabajan.
“La mayor cantidad de casos que relaciona la Fiscalía, giran sobre abusos de autoridad. Los agentes de policía, que son la mayoría de reseñados, hablan de una exposición permanente en las calles que los hace susceptibles”, explicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
En ello coincide Juan Carlos Ruiz, doctor en ciencia política y exasesor del Ministerio de Defensa: “El poder adquisitivo de los policías ha disminuido y, aunque no hay relación directa entre salario y corrupción, un funcionario mal pago tiene atractivos cuando está en calle”.
Tal como lo afirma Ruiz, las últimas nivelaciones salariales fueron en 1993 y 1996. El problema aquí es la complicada situación fiscal del país, sumado al incremento en el número de hombres. No obstante, el experto insiste en que “si un patrullero gana menos que un chofer de Transmilenio y tiene el peso de representar al Estado, se vuelve muy proclive a la corrupción”.
La respuesta de la Policía
Con cifras en mano, EL COLOMBIANO habló con el general Óscar Atehortua, inspector general de la institución y el hombre a cargo de las investigaciones disciplinarias.
Desde el principio, el alto oficial argumentó que el hecho de que en su mayoría son investigaciones puede tratarse de acusaciones infundadas. “Las investigaciones que tiene la Fiscalía se abren, pero no quiere decir que todas estén cerradas. Pueden ser simplemente denuncias”, explicó.
Agregó que existe una diferencia entre lo que hace el ente acusador, pues los delitos por los que se acusan a un policía, pueden darse por fuera del servicio.
“Por ejemplo: Muchas de las denuncias por abuso de autoridad llegan por parte del ciudadano que la radica, al revisarlo encontramos que no hay delito. Por ejemplo, porque al ciudadano no le gustó que le hayan hecho un comparendo”, agregó Atehortua.
Según los balances presentados entre febrero de 2016 y junio de 2018 de la Política Integral de Transparencia de la Policía, se han destituido más de 2.350 miembros de esta institución (Ver antecedentes)
El inspector explicó que en casos en los que se ve involucrado alguno de sus hombres, la Policía inicia una investigación interna. En caso de ser procedente, se informa a la Fiscalía, pero fue muy enfático en que las investigaciones penales (justicia ordinaria) y disciplinarias (internas) corren por caminos separados.
Además, tomando en cuenta los escasos resultados de la justicia ordinaria, Atehortua explicó que para evitar demoras internas se están incorporando las audiencias verbales, similares a las que usa sistema penal oral acusatorio, para dinamizar estas investigaciones.
“Cuando se observa la actuación que llevamos, con una política amplia y transparente, se entiende que estamos haciendo nuestra tarea sin desgastar el aparato judicial. No es lo mismo que alguien externo investigue una actuación policial, a la propia institución, donde hay expertos en los derechos y deberes de la Policía”, concluyó.
La percepción
El pasado 18 de octubre, una encuesta de percepción realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá indicó que el 25 % de los entrevistados acudió a la Policía durante el primer semestre de 2018. De quienes lo hicieron, el 46 % le dio una buena calificación. El 41 % de los entrevistados manifestó que para mejorar la seguridad se debe acabar con la corrupción.
Son datos exclusivos para la ciudad y no existen estudios nacionales recientes, pero los hallazgos del último Índice de Transparencia Nacional (2016) señalan que el nivel de riesgo de corrupción para la Policía es “medio”, ocupando el puesto 24 de 75 entes.
Algunos de estos temas fueron abordados por la Comisión Especial creada en 2016 para reformar la institución y cuyas recomendaciones, tal como ocurrió en casos como el de la Misión Electoral Especial, terminaron engavetados.
Uno de los integrantes de ese grupo fue el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. En diálogo con EL COLOMBIANO, aseguró que “no podemos rasgarnos las vestiduras por el número de policías metidos en líos, porque frente al total no es significativo; pero la sal no puede corromperse. No puede haber ninguna oveja descarriada. Es indispensable apretar las clavijas en materia de investigaciones, de poder disciplinario y que se ejerza”.
Fue enfático en la necesidad de que las investigaciones contra miembros de la Policía sean abordadas inicialmente por el Ministerio de Defensa y así evitar la impunidad.
El temor de que el subregistro de involucrados de todo nivel en conductas delictivas sea mucho mayor a lo que arrojan los entes de control es un factor de peso. “Aunque preocupa el tema de tantos altos oficiales investigados, es tranquilizador que no sean ajenos al peso de la ley”.
En ese sentido, se debe señalar que existe una necesidad de visibilizar y descentralizar el control en la Policía, una institución que aunque tenga más aciertos que yerros, no puede quedar exenta de la vigilancia social .
