El 4 de abril, en una apartada zona selvática de Calamar, Guaviare, ocho líderes religiosos y sociales fueron asesinados a sangre fría. El caso, que estremeció a las comunidades rurales del sur del país, empieza a revelar la compleja red de responsabilidades detrás de la masacre. Entre los presuntos implicados no solo figuran miembros de las disidencias de las Farc, sino también una funcionaria pública: Angie Liseth Jaramillo Arias, quien se desempeñaba como secretaria en la Personería municipal de Calamar.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Jaramillo habría aprovechado su cargo para filtrar información clave a los integrantes del frente Armando Ríos, una de las estructuras disidentes más violentas que opera en la región.
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Los fiscales del caso sostienen que la mujer entregó detalles sobre los lugares donde vivían las víctimas y los puntos exactos donde solía haber presencia de la fuerza pública, lo que permitió a los armados planear con precisión el ataque.
El operativo criminal, liderado por Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio, tuvo como pretexto una falsa acusación. Los líderes religiosos fueron citados para rendir cuentas sobre una supuesta intención de crear una red del ELN en Guaviare, solo por haber llegado desde Arauca. Sin otra opción, acudieron a la cita. Allí fueron retenidos, trasladados por la fuerza a una zona selvática conocida como Cofre, cerca del río Itilla, y ejecutados con disparos a quemarropa. Luego sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común.
Alias Yucape, otro de los capturados, habría participado custodiando a las víctimas y coordinando el grupo de seguridad que protegió a los autores materiales del crimen. También se le atribuyen amenazas a los habitantes de la zona para evitar que denunciaran lo ocurrido o dieran información a las autoridades.
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La Fiscalía imputó a los tres detenidos, Miller, Yucape y La Crespa (como era conocida la funcionaria municipal), los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno aceptó los cargos.
Los cuerpos de las víctimas fueron hallados y exhumados en julio, tras una operación conjunta entre la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Para las familias, la recuperación de los restos significó el cierre de una búsqueda dolorosa, pero también la confirmación de una verdad que revela hasta qué punto la violencia ha penetrado incluso en las instituciones locales.
El caso de Angie Liseth Jaramillo es, para muchos en Calamar, la muestra de cómo el conflicto ha logrado infiltrarse en los espacios del Estado. Una funcionaria llamada a proteger derechos terminó, según la justicia, sirviendo de puente para que un grupo armado eliminara a quienes solo buscaban construir paz desde la fe y la comunidad.
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