Si alguien ha sido férrea opositora de cómo el Gobierno lleva el proceso de restitución de tierras a víctimas del conflicto ha sido María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quien se hizo elegir en esa corporación con la bandera de garantizar que la ley no generara nuevas en víctimas.
Por eso radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley 1448 (de Víctimas y Restitución de Tierras), con el ánimo de “otorgar plena garantía de sus derechos, a quienes se les desconocieron sus legítimos derechos de posesión y propiedad adquiridos de buena fe, con la puesta en marcha de esta ley”.
Cabal explicó que la Ley tiene vacíos que han permitido que falsas víctimas y la misma Unidad de Restitución despojen de los predios conseguidos de buena fe a los propietarios actuales.
Sin embargo, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y autor de la Ley de Víctimas, aseguró que eso no es cierto. “Es absolutamente esencial el principio de presunción de buena fe de la víctima y la inversión de la carga de la prueba a favor de ella. Con este proyecto, lo que quieren es que las dos partes estén en equilibrio (reclamante y opositor), pero uno no puede colocar en igualdad de condiciones a un campesino desplazado sin formación con un opositor cualificado que es lo que hay en muchas partes de país, así se pone en situación de desventaja a la víctima”.
Para la senadora la situación es así: “no se hace un cambio de la carga de la prueba, lo que se está diciendo es que al comprador que está demostrando su buena fe no se le puede exigir un requisito que no estaba hace 20 años, ninguna persona podía saber en 1990 que, en 2011, le iban a pedir unos requisitos adicionales para conservar su propiedad, esa retroactividad es ilegal. Cuando a una persona le dicen que tiene que demostrar la buena fe usted muestra de dónde salió la plata y con cuáles documentos compró la tierra”.
En cambio, para Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, “este proyecto acude a la figura jurídica de buena fe, cuando no actuaron de buena fe aquellos que compraron tierras a 70 y 90 mil pesos hectárea en zonas de conflicto, afectando a cientos de campesinos que se desplazaron de sus tierras producto de la violencia. Quienes compraron a ese precio sabían que detrás había una tragedia, aprovecharon las circunstancias para comprar barato y acumularon tierras en detrimento de los campesinos”.
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