El alcalde de Manizales, Carlos Marín Correa, y el contralor General del Municipio, Julián Andrés Valencia Valencia, fueron imputados por la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, respectivamente.
Los dos funcionarios se declararon inocentes en la audiencia ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de control de garantías y continuarán enfrentando el proceso penal en libertad.
De acuerdo con el reporte del ente acusador, todo comenzó el 30 de diciembre de 2021, “cuando el alcalde nombró como Contralor General del Municipio de Manizales de manera provisional a Valencia Valencia, dado que para esa fecha el Concejo Municipal estaba de receso”.
Según la teoría del caso, el burgomaestre no habría verificado antes el acuerdo 0764 de 2011, el cual indica que “es el Subcontralor quien reemplaza al Contralor cuando no haya uno en el cargo, bien sea de manera permanente o transitoria. Además, no habría tenido en cuenta el régimen de carrera de la Contraloría Municipal, en el que se dispone que quien debe reemplazar a los funcionarios de carrera debe ser un empleado que ostente esta condición, o sea de libre nombramiento o remoción, como lo era el subcontralor. Sin embargo, fue nombrado Valencia Valencia, que estaba en provisionalidad”.
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La Fiscalía recalcó que, presuntamente, el alcalde no verificó que “el contralor provisional contaba con una sentencia de inhabilidad permanente para ejercer este cargo, por haber sido condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares (Caldas) del 24 de enero de 2007, a tres años y medio de prisión por los delitos de fraude procesal, falso testimonio, falsedad material en documento público y falsedad personal”.
En la audiencia se expuso que, al parecer, el contralor Valencia “presentó como documento para tomar posesión del cargo la hoja de vida de la Función Pública, en donde habría manifestado presuntamente de manera falsa y bajo la gravedad de juramento que no se encontraba bajo causales de inhabilidad”.
Días antes de la audiencia, la Alcaldía se había pronunciado frente al tema con un comunicado, en el cual expresó que “la situación a la que se hace referencia la Fiscalía no tiene que ver con el mal manejo de los recursos públicos, ni con hechos delictivos o de corrupción (...). Ya la Función Pública había determinado con anterioridad que el contralor no tenía ninguna inhabilidad para ocupar dicho cargo”.
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