El montaje del laboratorio actualmente tiene un avance físico del 55 % y un avance financiero del 64 %. Tres personas son investigadas.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el exgobernador de Caquetá (2020–2023), Arnulfo Gasca Trujillo, por su presunta responsabilidad en las irregularidades del proyecto “Laboratorio COVID” para ese departamento.
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El ente de control le puso la lupa a su ejecución, que estuvo financiado con $21.200 millones provenientes del Sistema General de Regalías.
Así mismo, la entidad vinculó a la investigación al representante del consorcio encargado de la interventoría, Alex Alberto Calvache Mena, y a la subgerente administrativo de la ESE Rafael Tovar, María Eugenia López Camacho.
Ese hospital, de hecho, era la entidad encargada de contratar la interventoría al proyecto, que tenía como fin ser parte de las acciones para enfrentar la pandemia del covid-19, que inició en 2020.
Según el análisis hecho por el Ministerio Público sobre la situación del proyecto, a pesar de haber sido aprobado en mayo de 2020, con un plazo de ejecución de un año, diversas deficiencias en la formulación y ejecución han tenido como consecuencia que el laboratorio no haya finalizado.
De hecho, actualmente presenta un avance físico del 55 % y un avance financiero del 64 %, así como ha tenido ajustes presupuestales estimados en más de $3.900 millones.
Entre las pruebas requeridas por la Procuraduría están copias del documento técnico del proyecto de inversión, el cronograma de actividades físicas y financieras presentado y aprobado por las diferentes entidades responsables con sus soportes; así como el cuadro de precios y costos de materiales y una certificación presentada por la administración departamental en la que coste que estos correspondían al promedio de la región.
También copias de las licencias ambientales y de construcción, certificación de uso del suelo y certificación de la cuenta maestra en la que fueron manejados los recursos del proyecto.
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