Según el organismo de control, al parecer, habrían ocurrido posibles irregularidades en la selección del personal, sumado a la asignación de un presupuesto elevado para actividades.
Por presuntas irregularidades en convenios que ascienden a cerca de $30.000 millones, este miércoles la Procuraduría anunció que abrió una indagación previa contra funcionarios del Gobierno Nacional, quienes suscribieron dichos convenios con organizaciones indígenas.
Según el Ministerio Público, se trata de funcionarios por determinar de los ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).
Uno de los convenios, suscrito por empleados del Ministerio de Ambiente y la CRC, se realizó por cerca de $4.900 millones para adelantar acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios indígenas adscritos el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Asimismo, en el Ministerio del Interior se firmó un contrato por $25.000 millones con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que tenía como objeto fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC).
“Al parecer, se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados (...) Igual situación pudo presentarse en algunas actividades puntuales, a las cuales se les habría asignado un presupuesto elevado para las acciones que se debían desarrollar”, explicó la Procuraduría.
Sumado a otras pruebas, el Ministerio Público solicitó copia de los convenios suscritos, así como información de los funcionarios de las entidades vinculadas que tuvieron relación con la elaboración de los documentos.
“Con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría busca establecer si se cometieron irregularidades que constituyan faltas disciplinarias e identificar a los posibles responsables”, precisó el ente de control.
Previamente, la Procuraduría inició otra indagación previa contra servidores públicos por determinar de la Alcaldía de Medellín por presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor del despacho del alcalde.
En la misma indagación se buscará individualizar y/o identificar a los servidores públicos, que, al parecer, incurrieron en presuntas irregularidades en los procesos de contratación que tuvieron como contratista al canal local de televisión abierta, Telemedellín.
“La actuación disciplinaria se inició con fundamento en las publicaciones efectuadas a través de los medios de comunicación, redes sociales y denuncias ciudadanas. Durante la indagación contará con apoyo del grupo de forense para que analice las denuncias relacionadas con la contratación y el manejo de dineros públicos”, puntualizó el organismo.
