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Cierre de expediente de Colombia en la CPI implica potenciar la JEP

El expediente duró 17 años por violaciones a los derechos humanos. Gobierno Duque se comprometió a respaldar a la justicia transicional.

  • El presidente de la República, Iván Duque, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, firmaron un acuerdo para continuar la cooperación en temas de paz y justicia. FOTO cortesía presidencia
    El presidente de la República, Iván Duque, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, firmaron un acuerdo para continuar la cooperación en temas de paz y justicia. FOTO cortesía presidencia
Publicado el 29 de octubre de 2021

El trabajo que se viene realizando desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue determinante para que la Corte Penal Internacional (CPI) cerrara el examen preliminar que le seguía a Colombia –por graves violaciones a los derechos humanos– desde hacía 17 años.

De hecho, en el acuerdo que oficializaron este jueves el presidente Iván Duque y el fiscal de la CPI, Karim Khan, con el que se dio vía jurídica al fin del expediente Colombia, incluye que habrá una comunicación directa con la JEP para que exprese si hay falta de apoyo de las entidades gubernamentales.

Además, el “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional” fija un compromiso por parte del Estado colombiano para implementar a fondo el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, a lo que se suma garantizar los recursos necesarios para que así sea.

Y si bien el Gobierno de Duque, al igual que su partido –el Centro Democrático–, ha sido en cierto grado reacio al trabajo de la JEP, esta jurisdicción terminó siendo clave para que la CPI tomara esta decisión.

Incluso, quedó explícito que, en caso de interferencias en su trabajo, o de incumplimientos en lo pactado, la JEP podrá comunicarle a la CPI “esos hechos y solicitar, si es el caso, el ejercicio expedito de sus plenos poderes de persecución penal internacional”.

Esto, en el escenario hipotético de que sucediera, podría traducirse en investigaciones formales cuando se advierta un incumplimiento de por parte del Estado.

En palabras del presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, el examen sobre la situación en Colombia duró abierto casi dos décadas porque, durante ese tiempo, el sistema judicial “no había evidenciado progresos lo suficientemente robustos frente a la criminalidad internacional ocurrida en el país”.

Pese a ello –agregó Cifuentes– tuvieron que transcurrir solo 3 años de funcionamiento de la JEP para que, “debido a su trabajo y compromiso contra la impunidad de los crímenes más graves, un hecho como este pudiera ocurrir”.

¿Qué implica?

El caso ante la Corte se remite a junio de 2004, cuando ese tribunal decidió abrir una investigación preliminar sobre Colombia para estudiar denuncias relacionadas con crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Desde entonces, hemos estado en el escrutinio permanente”, como describió la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

Tras 17 años de esa revisión, el cierre del caso ante la CPI deja dos mensajes. El primero es que las autoridades internacionales ven la suficiente solidez institucional para determinar que entidades como la Fiscalía, el tribunal de Justicia y Paz y la JEP pueden actuar independientemente; pero, en consecuencia, el segundo es que las entidades no tendrán un veedor de esa magnitud que las apoye y las vigile de cerca.

Pese a ello, el fiscal de la CPI, Karim Khan, aseguró que la decisión “no quiere decir que se esté poniendo fin al apoyo”, pues “el compromiso será una actividad continúa”.

De hecho, el acuerdo impone la entrega de un informe anual por parte del Gobierno en el que se detalle el funcionamiento de las instituciones y los avances del Acuerdo de Paz.

En todo caso, dicha decisión podría modificarse si la Corte Penal Internacional lo ve necesario. En el artículo 6 del acuerdo oficializado este jueves –que es el mismo que fija la comunicación directa con la JEP–, la Corte advierte que su Fiscalía “podrá reconsiderar su evaluación a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias, incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales”.

Entre tanto, el presidente Duque celebró la decisión de la Corte y afirmó que las instituciones del país, incluyendo la JEP, “son sólidas y han sabido manejarse en la independencia de los poderes y en la colaboración armónica”.

Y, como se dijo, todo esto en contravía de las múltiples críticas de su partido, el Centro Democrático, a los Acuerdos de Paz y a la implementación de la justicia transicional que de ellos emanó

Contexto de la Noticia

¿qué sigue? El acuerdo no pierde vigencia

El documento con el que el Gobierno y la Corte Penal Internacional le dieron fin al Examen Preliminar consta de 6 páginas y 7 artículos. Dentro de los pactos, el Gobierno se compromete a rendir cuentas con un informe mensual y a hacer todo lo necesario para que las instituciones y el Acuerdo de Paz funcionen adecuadamente. El acuerdo con la CPI, que entró en vigencia desde este jueves, es a término indefinido, pero puede terminarse por cualquiera de las dos partes con un aviso previo de tres meses.

Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.


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