Quince ataques letales a embarcaciones del narcotráfico, 61 muertos y una violenta retórica política contra gobiernos de izquierda. Esos son los hechos que marcan el efecto que hasta ahora ha dejado el despliegue naval de EE. UU. en aguas internacionales de América.
Analistas coinciden en que el impacto para el negocio del narcotráfico no es tan grande, porque no interviene los buques que mueven contenedores, que son el principal modo de exportación de la cocaína. Entonces, ¿se justifica semejante inversión de recursos, o qué hace falta para golpear efectivamente esas redes?
Para entender esta movida en la lucha contra las drogas, EL COLOMBIANO consultó a expertos y documentos de agencias de seguridad, estableciendo cómo funcionan los tentáculos del narcotráfico en la región.
De hecho, el director de inteligencia nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó días atrás que la estrategia de “cambio de régimen o construcción de naciones” había concluido durante la administración de Donald Trump.
“Durante décadas, nuestra política exterior ha estado atrapada en un ciclo contraproducente e interminable de cambio de régimen o construcción de naciones. Fue un enfoque único para todos, que consistía en derrocar regímenes, intentar imponer nuestro sistema de gobierno a otros, intervenir en conflictos que apenas se entendían y salir con más enemigos que aliados”, señaló el funcionario en declaraciones que recoge la agencia AP.
Principales rutas marítimas
De acuerdo con el informe anual de la DEA, llamado Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025, “el 84% de las muestras de cocaína incautadas en 2024 por autoridades estadounidenses y analizadas por el Programa de Identificación de Cocaína (CSP, por sus siglas en inglés), resultaron ser de origen colombiano, en comparación con el 88% de 2023. Durante 25 años, el CSP ha identificado a Colombia como la principal fuente de cocaína en EE.UU.”.
Aunque los narcos introducen el estupefaciente por múltiples vías (terrestre, aérea, encomiendas y “narcomulas” aeroportuarias), los trayectos marítimos siguen siendo los más empleados. Las modalidades implican el uso de lanchas, semisumergibles, botes de pasajeros, veleros y buques que transportan contenedores contaminados con droga.
Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía, los puntos de salida más comunes son, en este orden: la zona portuaria de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Urabá, Tumaco, La Guajira y Santa Marta.
Hay escalas intermedias en los puertos de Guayaquil y Manta (Ecuador), así como en los de Maracaibo, la Ceiba, Cumaná, Puerto Cabello, Guaranao y La Guaira, en Venezuela.
Los trayectos directos van a Estados Unidos y México, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero hay puntos de acopio y áreas mixtas de tráfico terrestre en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Honduras, República Dominicana y Bahamas.
Evan Ellis, profesor de Estudios Latinoamericanos del Colegio de Guerra del Ejército de EE.UU., resaltó dos rutas estratégicas de toda esta maraña de transporte.
“Una sale de Tumaco (Nariño) hacia Esmeraldas, en Ecuador, para llegar a México y de ahí pasar la droga a Estados Unidos; la otra se origina en Colombia, pero sale de la Costa Atlántica de Venezuela, cerca del lago de Maracaibo, cruzando el Caribe hacia República Dominicana y La Española, con destino a Estados Unidos o Europa”, explicó.
Por su parte, Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, recalcó que “la ruta más importante para la cocaína en la actualidad es la que se origina en la frontera colomboecuatoriana y zarpa desde el puerto de Guayaquil”. Por esas áreas no solo pasa la droga que va hacia Norteamérica, sino también la que tiene destino final en Europa, China, Oceanía y la Costa Occidental de África.
El despliegue naval de EE.UU.
Para tratar de contener esas rutas, Estados Unidos tiene un doble despliegue en altamar (ver la Infografía). En la Costa Pacífica, la responsabilidad está en cabeza del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) y la Guardia Costera (U.S. Coast Guard), que desarrollan desde el pasado mes de agosto una operación de interdicción denominada Pacific Viper.
Con corte al 15 de octubre, en una franja que cobija las aguas internacionales entre Centroamérica y el Golfo de California, han decomisado 50 toneladas de cocaína en 34 interdicciones, que han dejado 86 capturados, según el reporte oficial de la Guardia. En el mar Caribe está la intervención más polémica a cargo del Departamento de Guerra y la Fuerza Naval (U.S. Navy). Desde septiembre desplegaron una flota de ocho buques y un submarino de propulsión nuclear, a la cual se unirá en los próximos días el portaaviones USS Gerald Ford, considerado el más poderoso de su arsenal naval.
En su más reciente entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, contó que había un intercambio fluido de información con la Guardia Costera en el Pacífico, pero no tanto con la Fuerza Naval en el mar Caribe.
Al cierre de esta edición se habían documentado 15 ataques, que destruyeron 14 lanchas rápidas y un semisumergible, en medio de los bombardeos estratégicos ordenados por Donald Trump. De esos, siete ocurrieron en el Pacífico y ocho en el Caribe, con un saldo de 61 tripulantes muertos. Erich Saumeth, analista de seguridad y defensa, no descarta que el número de lanchas destruidas sea superior. “Estados Unidos no está obligado a revelar públicamente toda esa información, salvo ante la comisión del Congreso que pida la justificación para esos ataques”, anotó.
Y añadió que las lanchas han sido destruidas relativamente cerca de las costas de México, Colombia y Venezuela, países que no solo comparten una participación importante en el tráfico de cocaína, “sino que tienen gobiernos de izquierda, uno de ellos más radical, el venezolano; y otro, el colombiano, que se opone a las políticas de Trump”.
Las mafias involucradas
Hasta el momento, la Casa Blanca solo ha señalado a tres organizaciones ilegales de despachar algunos de los botes destruidos en altamar: el Cartel de Los Soles y el Tren de Aragua, que delinquen en Venezuela bajo el supuesto auspicio del régimen de Nicolás Maduro; y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al cual el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compara con el grupo yihadista Al Qaeda. Es bien sabido que hay muchas más inmersas en el tráfico, pero esas tres han sido designadas oficialmente como “organizaciones narcoterroristas internacionales” por el gobierno norteamericano, lo que aparentemente le da legalidad — en su sistema jurídico — al uso de la fuerza letal.
Fuentes de Inteligencia, reportes de la DEA e investigaciones de EL COLOMBIANO, señalan que la cocaína colombiana es exportada por, al menos, 22 mafias internacionales. Entre ellas están los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y la Nueva Familia Michoacana, de México; la N’Drangheta, Camorra y Cosa Nostra, de Italia.
La lista sigue con el Tren de Aragua y los carteles de Los Soles y La Guajira, de Venezuela; el Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho y Familia do Norte, de Brasil; Hezbolá, de Líbano; el Clan Kinahan, de Irlanda; el Clan Devesa, de España; y el Grupo Taghi, de Países Bajos. A ellos se suma el Cartel de Los Balcanes, en Europa, con sus cuatro facciones principales: el Grupo Saric (Serbia), el Grupo Amerika (Bosnia), el Grupo Keka (Bulgaria) y la Kompania Bello (Albania). Según Interpol, esas estructuras cuentan a su vez con el respaldo de pequeños carteles y bandas de Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Alemania, Francia, Reino Unido, Israel, China y Australia.
Dos de las organizaciones intermedias que han tomado más vuelo en los últimos tres años son la banda “los Choneros”, de Ecuador, cuyos delegados han sido asesinados o capturados en Antioquia y Nariño; y el Primer Cartel Uruguayo (PCU), señalado de orquestar el asesinato en Cartagena del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, en 2022. Este concierto internacional de mafias ha creado una demanda histórica de cocaína, para surtir a cerca de 25 millones de consumidores, según el Reporte Mundial de Drogas de la ONU.
En consecuencia, está creciendo la oferta en Colombia, teniendo como proveedores de ese mercado al ELN, la Segunda Marquetalia, las disidencias farianas de “Iván Mordisco” y “Calarcá”, “la Oficina”, la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico, el Clan del Golfo y “los Pachenca”, entre otras.
El dinero invertido en la cosecha, producción y transporte es incalculable, pero se percibe en el aumento desbordado de cultivos de coca en Colombia, que pasaron de 143.000 hectáreas en 2020, a 262.000 hta en 2024, por citar el último lustro.
Se hace palpable en el incremento de la producción de cocaína, que saltó de 1.228 toneladas métricas anuales en 2020 a 2.664 en 2023 (el dato del año pasado no ha sido publicado por la ONU). Y en materia de transporte, se nota en las innovaciones tecnológicas de los vehículos que se mueven en altamar.
El pasado 1 de abril la Armada descubrió en una playa del Parque Tayrona, en Magdalena, el primer semisumergible autónomo conocido en el país, que no necesitaba tripulación para surcar las aguas, gracias a un sistema de control remoto.
Las citadas redes de narcotráfico están mejorando el rendimiento de la hoja de coca en los procesos de producción y su nivel de pureza. La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas detalla que “el análisis del CSP indica un aumento en la pureza del clorhidrato de cocaína de origen colombiano a nivel mayorista, del 86% en 2023 al 88% en 2024”.
¿Para qué han servido los ataques de Estados Unidos?
Al analizar la complejidad de las rutas y actores criminales involucrados, queda claro que la intervención militar de EE.UU. en altamar no frenará totalmente el tráfico. La cocaína sigue fluyendo en contenedores, avionetas y camiones, y teniendo como transporte predilecto los grandes barcos despachados desde los puertos.
¿Atacará Estados Unidos a los buques que transportan contenedores? Esa no parece una opción viable. Entonces, ¿de qué ha servido el despliegue bélico?
“Esos ataques, en el corto plazo, han tenido un impacto disuasivo en el tránsito de lanchas y semisumergibles en la ruta que pasa por Venezuela y La Española, lo mismo estaría ocurriendo en el Pacífico. Evidencia preliminar apunta a una tendencia de los narcos de implementar rutas terrestres por Centroamérica y enfocarse en contaminar barcos comerciales que llevan contenedores”, contó Ellis.
Añadió que, si sigue este despliegue naval a largo plazo, “es probable que haya una reducción del flujo de cocaína a Estados Unidos, pero que se aumente hacia Europa”.
Para Preciado, “los ataques a las lanchas tocan tangencialmente el problema, porque esas no representan la principal modalidad de exportación de cocaína. De hecho, los semisumergibles son más significativos para ese negocio que las lanchas rápidas”. A su juicio, “todavía es temprano para medir ese impacto, lo más seguro es que se hayan encarecido los costos de operación del transporte de droga por el mar, pero la salida por los puertos es más relevante que el movimiento de lanchas desde las playas”.
Lo que sí es claro es el efecto de presión política a dos gobiernos de la región que se oponen a las medidas de la Casa Blanca frente a la lucha contra las drogas, pues además del despliegue naval, otras agencias estadounidenses también están actuando. A Maduro, solicitado en extradición por narcotráfico, le subieron la recompensa a $50 millones de dólares; y a Gustavo Petro lo sancionaron con la inclusión en la Lista Clinton.
Todo indica que la fuerza usada en el mar, está agitando también la marea política.
Siga leyendo: Así opera el cartel de los Soles que al parecer dirige Nicolás Maduro, la causa de la militarización extranjera del mar Caribe.
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