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Juez ordenó casa por cárcel para Juan José Laverde, implicado en caso MinTIC
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Juan José Laverde es investigado por su presunta participación en el escándalo de Centros Poblados. FOTO CORTESÍA
Juan José Laverde, de la aseguradora Rave Seguros, recibió este miércoles casa por cárcel dentro de la investigación que se sigue en su contra por el escándalo entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.
El empresario es señalado de haber ayudado a tramitar, supuestamente, las pólizas falsas con las que la Unión Temporal Centros Poblados quiso quedarse con el contrato por $1.07 billones que tenía el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones como propósito llevar Internet a zonas rurales.
Un juez de conocimiento de Bogotá decidió concederle ese beneficio este 10 de noviembre luego de evaluar la apelación que presentó su defensa, la cual buscaba una sustitución de la medida de aseguramiento.
El argumento en el que se basó el juez es que Laverde puede cumplir el proceso que se sigue en su contra estando desde su casa, con lo cual no había motivos suficientes para que permaneciera recluido. A esa solicitud, de su abogado Hernán Miranda, no se opusieron ni la Procuraduría ni la Fiscalía General de la Nación.
El trabajador de Rave Seguros había sido capturado el pasado 20 de septiembre, día en el que Emilio Tapia y Luis Fernando Duque también fueron detenidos por el mismo escándalo.
El primero, Tapia, por ser el cerebro detrás del supuesto plan para quedarse con el contrato a punta de arreglos ilegales. Mientras que Duque es investigado por ser el representante legal de la Unión Temporal.
Tapia, contratista condenado por su participación en el Carrusel de la Contratación de Bogotá, se encuentra detenido en este momento en la cárcel La Picota, de Bogotá. Desde que fue trasladado allí ha acudido dos veces al búnker de la Fiscalía para colaborar con la justicia. En sus dos intervenciones, acompañado de su defensa y de un fiscal delegado, se ha demorado más de 17 horas revelando nuevos nombres de implicados.
La tarea que se viene ahora en este proceso es que el ente investigador defina si lo dicho por el contratista barranquillero es válido y puede ser presentado ante un juez.
De ser así, la documentación podría remitírsele a la Corte Suprema de Justicia, ya que Tapia también dio nombres de políticos que habrían participado del entramado corrupto que tiene perdidos $70.000 millones.
El alto tribunal, por este caso, ya tiene una indagatoria preliminar en contra de los congresistas Armando Benedetti y Antonio Zabaraín. En ella, el pasado 3 de noviembre se escuchó en calidad de testigo a la exministra TIC Karen Abudinen, quien dijo que Benedetti la llamó pero no ejerció presión alguna para mover el contrato por el que hoy se investiga a Laverde y los otros participantes.
Soy comunidador social y periodista. Me interesan, entre muchas cosas, temas de conflicto armado, medio ambiente y derechos humanos.
