Juliana Guerrero empezó a juntarse con el Gobierno de Gustavo Petro cuando apenas tenía 20 años. Cuatro años después, recibió una condena de tres años por las tramoyas ilegales que hizo para obtener títulos universitarios falsos con los que buscaba, a toda costa, convertirse en viceministra de Juventud. Este miércoles, la Fiscalía anunció que llegó a un preacuerdo con la joven en el marco de la investigación por estos hechos.
Como parte de la negociación, Guerrero aceptó su responsabilidad en el delito de fraude procesal, es decir, que obtuvo diplomas de la Fundación Universitaria San José sin cumplir con los requisitos para poder acceder a cargos en el gobierno Petro. El documento fue presentado formalmente por la fiscal durante una audiencia virtual tras conversaciones sostenidas con la defensa de la procesada.
EL COLOMBIANO conoció por fuentes en la Fiscalía y de la defensa de Guerrero que están contemplando la suspensión anticipada de la pena, que permite a una persona condenada cumplir su sanción en libertad bajo ciertas condiciones, en lugar de ir a prisión. El preacuerdo establece que sería condenada a tres años de prisión.
“Aceptó los términos de la negociación, así como los cargos en la formulación de imputación refrendados en el escrito de acusación por el delito de fraude procesal. En tal sentido, la Fiscalía, para hacer más eficiente y ágil la administración de justicia, aplicó en favor de Juliana Guerrero la degradación de su grado de participación de autora a cómplice”, dijo la fiscal.
Guerrero se volvió conocida durante el Gobierno de Gustavo Petro cuando quiso ocupar el cargo de viceministra de Juventud con títulos falsos.
La Fundación Universitaria San José le entregó los títulos como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional en Contaduría Pública.
La Fiscalía explicó que Guerrero habría utilizado documentos con apariencia legítima, incluyendo firmas y formatos institucionales, para respaldar su hoja de vida. “Con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”, señaló la delegada.
El ente investigador explicó que los títulos académicos tienen carácter de documento público, en la medida en que son expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, advirtió que su uso indebido no solo compromete la fe pública, sino que afecta directamente la confianza en la administración. “Los documentos anteriores ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos.”, precisó la Fiscalía.
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“Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador.”, indicó la fiscal del caso.
Para acceder a estos documentos, se hicieron pagos cercanos a los $8 millones: $2 millones correspondientes a la matrícula de la tecnología, $4,7 millones por la matrícula de Contaduría Pública y el monto restante por derechos de grado y otros trámites administrativos.
La expedición de esos documentos contó con la intervención de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución Gutiérrez, quien ya fue condenado por esos hechos a tres años tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Tampoco irá a prisión.
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Ambas condenas constituyen el primer desenlace judicial dentro de un escándalo que puso bajo la lupa los mecanismos utilizados para la expedición de títulos académicos en la institución.
”Pido perdón”
Durante la audiencia de legalización del preacuerdo, Guerrero tomó la palabra para hablar por primera vez sobre el proceso. Reconoció su responsabilidad y envió un mensaje al país y a su familia:
“Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir y enfrentar las consecuencias de mis decisiones.
Le pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me dieron su respaldo, a la Universidad San José, a su fundador, Francisco Pareja; a su vicerrectora académica, Estefany Camacho; y a su rectora, Romelia Niste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual forma, de manera sincera, les pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución.
Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país. Sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad. Mi fe en Dios y en Jesús me ha enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón”.
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