En un fallo decisivo para la protección de las víctimas de violencia de género, el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas de Bogotá ratificó la vigencia de las medidas de protección otorgadas a Karen Santos y concedió medidas adicionales a favor de la mujer.
La decisión de la justicia a favor de Santos se produjo luego de que rechazaran una acción de tutela interpuesta por su exesposo, el empresario de conciertos Ricardo Leyva, quien buscaba anular el proceso legal en su contra.
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Leyva fundamentó su recurso de tutela alegando una presunta falta de competencia territorial, argumentando que, dado que los hechos y el domicilio de la pareja se encontraban en Barranquilla, el juzgado de Bogotá no debía llevar el caso.
No obstante, la autoridad judicial declaró la tutela como improcedente, señalando que el empresario contaba con otros recursos ordinarios de defensa y que no se evidenciaba un “perjuicio irremediable” que justificara la intervención de un juez constitucional.
El juzgado enfatizó en su respuesta a Leyva que la ley faculta a las comisarías de familia para actuar con inmediatez, incluso si la competencia territorial está en discusión, con el fin primordial de garantizar la protección reforzada de las víctimas de violencia intrafamiliar.
Las medidas de protección a Karen Santos en su proceso contra Ricardo Leyva
Con esta decisión, no solo se ratificaron las órdenes que exigen a Leyva cesar todo acto de agresión física, verbal y psicológica contra su exesposa sino que la Fiscalía General de la Nación concedió medidas temporales adicionales de protección a favor de Santos como poder contar con un esquema de resguardo efectivo mientras avanza la investigación.
Karen Santos había declarado ante la revista Cambio el pasado mes de noviembre que había sido víctima de maltratos durante más de cinco años de matrimonio.
En las declaraciones a ese medio, Santos denunció haber recibido múltiples golpes con los puños cerrados que le provocaron una inflamación cerebral además de que, en agosto de 2025, Leyva la persiguió con un cuchillo amenazando con matarla, lo que la obligó a huir de su hogar por temor a su vida.
Según el testimonio de la mujer, el empresario la obligaba a justificar sus lesiones como accidentes para no dañar la reputación familiar. También describió una situación de vulnerabilidad económica, mencionando que debía “rogar” para mantener su afiliación a salud.
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