Un juzgado de Bogotá condenó a la joven Juliana Guerrero, tras hallarla culpable del delito de fraude procesal en calidad de autora, en el marco de la investigación por el escándalo de los títulos falsos en la Fundación Universitaria San José. La condena se produjo luego de que Guerrero llegara a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó su responsabilidad.
Guerrero era una de las jóvenes protegidas por el expresidente Gustavo Petro, quien salió públicamente en su defensa cuando estalló el escándalo. El mandatario la presentó como una joven rebelde y fue durante uno de sus consejos de ministros, transmitido por televisión nacional, que el país escuchó por primera vez hablar de ella. La exposición, sin embargo, terminó poniéndola bajo el reflector y despertando la curiosidad por saber quién era esa joven a la que Petro le dedicaba elogios.
Con el paso de los días comenzaron a conocerse más detalles sobre Guerrero y su cercanía con el poder. La joven se movía en el círculo más íntimo del Gobierno y, en su afán por seguir escalando, buscó obtener títulos universitarios de manera irregular para convertirse en viceministra de Juventud.
“Cometí el error de mostrarla en una cámara de televisión y, como creyeron que tenían una relación sentimental conmigo, se fueron a destruirla. A Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Allí fue amenazada de muerte y tuvieron que exiliarse”, dijo Petro en su momento.
Tras un año de investigación, finalmente fue condenada a tres años, pero no tendrá una pena privativa de la libertad; además, deberá devolver $175 millones.
“Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de Juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad con la juventud de este país (...). Esto no se trata de un simple error”, dijo el juez durante la diligencia.
Durante la audiencia, la Procuraduría solicitó evaluar compulsar copias para que Guerrero sea investigada por delitos contra la fe pública.
Los hechos
La Fiscalía explicó que Guerrero habría utilizado documentos con apariencia legítima, incluyendo firmas y formatos institucionales, para respaldar su hoja de vida. “Con el propósito de inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”, señaló la delegada.
El ente investigador explicó que los títulos académicos tienen carácter de documento público, en la medida en que son expedidos por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido, advirtió que su uso indebido no solo compromete la fe pública, sino que afecta directamente la confianza en la administración. “Los documentos anteriores ostentaban forma y firma institucional con capacidad para generar confianza y producir efectos jurídicos.”, precisó la Fiscalía.
“Tenía pleno conocimiento de la falsedad (...) y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos (...) con el propósito de engañar al servidor público nominador.”, indicó la fiscal del caso.
Para acceder a estos documentos, se hicieron pagos cercanos a los $8 millones: $2 millones correspondientes a la matrícula de la tecnología, $4,7 millones por la matrícula de Contaduría Pública y el monto restante por derechos de grado y otros trámites administrativos.
La expedición de esos documentos contó con la intervención de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución Gutiérrez, quien ya fue condenado por esos hechos a tres años tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Tampoco irá a prisión.
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