El próximo viernes será decisivo para la Fiscalía en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Juzgado 57 de garantías llevará a cabo la audiencia en la que se definirá si avala o no el principio de oportunidad celebrado entre el ente acusador y Olmedo López, exdirector de la entidad.
Inicialmente, la diligencia estaba fijada para este martes; sin embargo, el juzgado decidió aplazarla por razones personales del juez, reprogramándola para el viernes.
El acuerdo busca cobijar a López frente a los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, no será la primera vez que la Fiscalía intente concretar el aval judicial. Hace un par de semanas, la justicia ya le negó esa posibilidad, lo que puso en riesgo la colaboración de López en el caso que compromete a por lo menos 26 personas, entre congresistas, ministros y empresarios.
Como parte de la negociación, el exdirector se comprometió a delatar a otros involucrados, pagar una multa superior a 700 millones de pesos y ejecutar un paquete de medidas de reparación simbólica y material dirigidas a comunidades de La Guajira, algunas de las cuales ya han generado debate público.
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Tras el primer revés, la Fiscalía ajustó las condiciones del acuerdo, en especial lo relacionado con la indemnización a las víctimas del entramado corrupto que habría desviado recursos de la UNGRD. En el proceso ya figuran detenidos tanto exfuncionarios cercanos al presidente Gustavo Petro como congresistas.
De la decisión del juez dependerá si la justicia colombiana logra asegurar la cooperación de López, pieza clave para destapar la red de corrupción que sacudió a la entidad encargada de atender emergencias en el país.
Según la Fiscalía, López hizo parte de una estructura criminal que desvió millonarios recursos públicos mediante contratos irregulares gestionados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que él dirigía durante el gobierno de Gustavo Petro.
El exdirector ha insistido ante las autoridades en que hay otros implicados de alto nivel que no han sido tocados por la justicia y quienes, según varios testimonios recogidos por la Fiscalía, estarían en la cúspide de la estructura criminal que saqueó los recursos de la UNGRD.
La colaboración del exfuncionario, actualmente preso, ha sido determinante para que la Fiscalía avance en los procesos contra otros implicados, como el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz. La política boyacense está presa desde el pasado mes de diciembre e imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Aunque inicialmente negó todo, una vez fue privada de la libertad, anunció que colaboraría con la justicia.
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