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Los mineros afirman que la estrategia no discrimina entre ilegales y criminales. En Chocó y Bolívar hay temor. El Gobierno explicó las nuevas medidas.
Que en 233 municipios del país se desarrollen actividades mineras criminales y que en 2012, 205 toneladas de mercurio hayan sido vertidas al suelo y a los ríos del país fueron algunos de los detonantes para que el presidente Juan Manuel Santos le declarara, literalmente, la guerra a la minería criminal.
La vehemencia del anuncio causó incertidumbre en dos de las regiones más afectadas por la extracción de minerales: Chocó y Bolívar. Los mineros informales manifestaron que no es justo que los estigmaticen y se declaran víctimas.
Esta guerra anunciada por Santos consiste en la presentación al Congreso de un proyecto de ley con carácter de urgencia para combatir la minería criminal. Este proyecto de ley tendrá diferentes componentes para permitir que la Policía tenga herramientas como suspender actividades mineras y decomisar el oro que se extrae ilegalmente.
De acuerdo con Santos, se elevarán las penas por lo que se asociará esa actividad con el lavado de activos y con el concierto para delinquir....