En lo corrido del año pocas decisiones de la Corte Constitucional han sido tan polémicas como la que tomó esta semana el alto tribunal con respecto a las corridas de toros. La decisión obviamente la celebraron los taurinos, pero fue muy criticada por animalistas, congresistas y hasta por juristas, que incluso consideran que decisiones de ese tipo ponen en peligro la seguridad jurídica al tumbar un fallo que había adoptado la misma alta corte.
El magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, explicó que en sala plena se decidió acoger los argumentos de una demanda de nulidad en contra de la sentencia C 41 de 2017, que le daba dos años de plazo al Congreso de la República para crear una ley que regulara las corridas de toros y otras actividades con animales, sin detrimento de incurrir en conductas de maltrato animal.
Así las cosas, queda vigente la sentencia C 666 de 2010, en donde el alto tribunal declaró exequible el artículo 7 de la ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.
Dicho artículo dice lo siguiente: “Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso primero y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
No obstante, en la sentencia C 666 también se estipula que debe haber una disminución paulatina del maltrato animal sin llegar a prohibir las corridas de toros, en los lugares en donde son tradicionales, y solicita al Congreso legislar sobre la materia. Esto quiere decir que de todas maneras esta polémica tendrá que pasar por el Legislativo, aunque no existe el plazo que sí imponía la sentencia C 41.
Para el magistrado Linares, “la decisión del 2017 había vulnerado el principio de la cosa juzgada constitucional, con respecto a la sentencia del 2010. No me gustan los toros, pero mi función cuando fui elegido magistrado de la Corte es defender la Constitución y en esa medida la cosa juzgada constitucional”.
El presidente de la Corte además explicó que “la sentencia C 41 era confusa porque parecía que después del plazo de los dos años quedaban penalizadas las corridas de toros o las peleas de gallos. Me parece complejo tratar estos temas tan importantes con sanciones penales, eso se puede entender como una clase de ‘populismo punitivo’, es decir, tratar de resolver todo con el derecho penal, cuando esa debe ser la última razón de la intervención del Estado frente a las actividades de los particulares”.
Sin embargo, el exmagistrado Jorge Iván Palacio, quien fue ponente de la C 41, junto con Gabriel Mendoza, consideró que la decisión no debió ser revisada por cuanto se trataba de demandas de revisión a dos normas distintas.
“La sentencia C 41 fue el fruto de la revisión de una demanda contra el artículo 5 parcial de la ley 1774 del 2016, con la que se modificó el Código Civil, Código Penal y de Procedimiento Penal, imponiendo sanciones penales a los ciudadanos que infrinjan tortura a los animales, mientras que la sentencia C 666 de 2010 se basó en los artículos 6 y 7 de la Ley 84 de 1989. Es decir, no es cierto que la C 41 violentó el precedente de la Corte Constitucional con la C 666, cuando son dos temas diferentes, porque en el 2010 no estaba la ley 1774 que fue el objeto de demanda el año pasado”, argumento Palacio.
El exmagistrado además agregó que en su concepto esta decisión representa un gran retroceso en materia de derechos de los animales, puesto que se abandona la postura de los seres sintientes.
“Regresamos al antropocentrismo, que considera a la humanidad como el eje central del universo. En la sentencia 041 se partió de la base que los animales son portadores de derechos, es decir, el ser humano es una especie más en el planeta tierra y se le daba prevalencia a una corriente de pensamiento nueva denominada ecocentrismo, que respeta a todas las especies vivientes en la tierra”, dijo Palacio.
Para el exmagistrado, la sentencia C 41 se adoptó en medio de un debate en un alto tribunal de corte más liberal, en donde también participaron Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Aquiles Arrieta, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Luis Guillermo Guerrero y Gloria Ortiz.
Para Palacio, la corte de hoy en día es más conservadora, a pesar de que en la misma continúan Linares, Ortiz y Rojas, ahora junto con Carlos Bernal, Antonio José Lizarazo, Luis Guillermo Guerrero, Cristina Pardo, José Fernando Reyes.
“Una corte con ese talente conservador podría tumbar sentencias como la de Chinácota (sobre prostitución), Cerro Matoso (minería vs. indígenas), la de Cumaral (sobre consultas mineras). Es decir, antes era excepcionalísimo declarar una nulidad, pero ahora se está volviendo el ‘pan de cada día’, lo que me parece grave para la estabilidad jurídica de un país”, señaló Palacio.
Por su parte, el senador Gustavo Petro, quien es recordado en la alcaldía, entre otras cosas, por hacer lo posible para evitar las corridas en Bogotá, criticó la decisión por ir en contra de intereses ambientales y humanos.
“Es una decisión que deshace un enorme avance que la misma Corte Constitucional había hecho con otros magistrados, pero hoy esta corte, en tiempos ‘furibistas’, se devuelve. Va en contra de la humanidad misma, en contra de la corriente que lucha por su vida, su existencia en el planeta. Para mitigar el cambio climático debemos reconciliarnos con la naturaleza y para ello necesitamos una cultura diferente de relacionamiento con los seres vivos. Matar toros en una corrida va en contra de ese mensaje”, dijo Petro
Entre tanto, Susana Muhamad, integrante del Comité Nacional de la Colombia Humana y exsecretaria de Ambiente en la Alcaldía de Petro, también reprochó la decisión del alto tribunal.
“Es inaudita la decisión de la Corte Constitucional, empezamos a ver una ideologización, una politización de los magistrados. Es muy preocupante porque están echando atrás una decisión de la Corte anterior. Eso no da ninguna seguridad jurídica, además, es regresivo porque la Corte anterior reconoció los derechos de los animales. Qué tipo de ejemplo estamos dando a los niños, qué tipo de ética estamos generando, por eso estamos comprometidos con los derechos de los animales domésticos y silvestres”.
Así mismo, el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, consideró rara y hasta sospechosa la decisión, “En el 2017 la Corte Constitucional dijo que las corridas de toros no se podían hacer y le dio dos años al Congreso para legislar y ahora dice que sí se pueden hacer... yo creería que alguien tuvo que haber influido en esa decisión, ellos no cambian decisiones así no más; y si es así peor”.
Por otro lado, el representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, recalcó que en esta legislatura volvió a presentar el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros, aunque reconoció tener incertidumbre sobre si la norma pueda pasar en la Cámara, como en el anterior periodo, ante la nueva reconfiguración de fuerzas tras la posesión del pasado 20 de julio.
“Este reversazo nos llama la atención, no va en la línea de protección del medio ambiente, de la vida, ni de los animales. Seguiremos en la lucha, impulsaremos la ley que prohíbe las corridas de toros de manera definitiva en Colombia. Llamamos a los animalistas, a los colombianos miembros de una sociedad proteccionista para que defendamos la vida de todas las especies”, expresó Lozada.
La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, al contrario que los demás, estuvo de acuerdo con el fallo de la Corte, al considerar que los ciudadanos deben tener la libertad de decidir si deciden o no asistir a este tipo de eventos.
“Es una buena decisión. Las compartamos o no, en Colombia existen identidades culturales y no tenemos que prohibirlas sino regularlas y reglamentarlas. Continúa vigente la ley de protección de animales y eso hay que defenderlo para evitar que estos mueran. Será la propia ciudadanía la que decidirá si da continuidad o no a identidades culturales como las corridas, el coleo o las corralejas”.
Finalmente, Luciano Grisales, representante a la Cámara del Partido Liberal, integrante de la bancada animalista, consideró que la discusión debe desarrollarse en el Congreso para al menos librar de violencia dichos espectáculos.
“Nosotros somos respetuosos de las decisiones de la Corte, pero hacemos observaciones importantes sobre el ambiente que se va dando en el país con respecto a las posiciones en contra del maltrato animal; debemos seguir debatiendo sobre lo que eso significa, sobre la utilización de recursos públicos para promover esas actividades, inclusive cómo lograr una mitigación del maltrato para que puedan desarrollarse esos eventos sin violencia, además, del respeto que debe existir hacia las personas que gustan de esos espectáculos”, señaló el congresista.
