La Procuraduría lanzó una dura advertencia al Gobierno Nacional. El llamado de atención tiene que ver con las medidas que se están tomando para proteger la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Por eso, el ente de control exigió observar de manera urgente las estrategias que se adelantan justo en un período donde los homicidios contra esa población podrían aumentar debido a la época electoral. “Esto nos indica que las amenazas y afectaciones a los liderazgos sociales son más latentes”, aseguró el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento.
Así mismo, el procurador Sarmiento rechazó los homicidios perpetrados contra esta población en varias regiones del país, al tiempo que señaló que esta delicada situación ha sido advertida por el órgano de control en diferentes escenarios interinstitucionales.
“En departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que fueron priorizados por el Gobierno en el Plan de Emergencia para la atención de este fenómeno, no se observa una reducción en las afectaciones a esta población, lo que nos hace cuestionar la efectividad de esta estrategia”, precisó el funcionario.
Durante el año 2022 fueron asesinadas 215 personas que estaban vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social en el país. La cifra representó un registro en estos casos desde que se le hace seguimiento juicioso por parte de entidades como la Defensoría del Pueblo.
Las personas que más sufrieron estos ataques el año pasado se dedicaron al liderazgo comunitario (63 asesinatos), líderes indígenas (47), comunitarios (36), campesinos o líderes agrarios (18), afrodescendientes (12), sindicales (8), activistas en derechos humanos (7), culturales o deportivos (5), líderes de población con orientación sexual e identidad de género diversos - OSIGD (4) y servidores públicos (3).
