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Las lluvias ya han matado a 266 personas en Colombia: se declaró situación de desastre

El presidente Petro advirtió que los cinco ejes de su plan de atención a damnificados, y de contención de daños, cuesta “billones de pesos”.

  • A mediados de septiembre el barrio Villa Lía, de Itagüí (Antioquia), quedó bajo el lodo. FOTO Esneyder Gutiérrez
    A mediados de septiembre el barrio Villa Lía, de Itagüí (Antioquia), quedó bajo el lodo. FOTO Esneyder Gutiérrez
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Publicado el 01 de noviembre de 2022

“Los niveles de lluvias, en este momento y durante todo el año se mantienen, desde el mes de marzo, como los más altos en los últimos 40 años. Ni si quiera el desastre del 2010-2011 logra los nivele actuales de caída de lluvias. Y hay una probabilidad del 51 por ciento de que se prolonguen al año entrante, lo que pone a Colombia y al país en una situación difícil”.

De esa forma justificó este martes el presidente Gustavo Petro la declaratoria de situación de desastre en el país, con lo que podrá hacer usos de “billonarios” recursos para atender a la población damnificada por las lluvias que, con corte al 1 de noviembre, ya dejan 266 muertos y 645.930 personas damnificadas.

Lo que quiere el Jefe de Estado, y para lo cual acudió al decreto que le dio vida jurídica a la situación de desastre, es que desde este momento y hasta el 31 de diciembre se puedan redireccionar recursos públicos no ejecutados para la atención de las comunidades damnificadas, lo cual incluye, incluso, traslado de poblaciones en varias regiones.

Petro, minutos antes de tomar un vuelo hacia Caracas –donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro–, advirtió que su plan para atender la situación de emergencia en la que entró Colombia tiene cinco etapas clave.

La primera tiene que ver con un tema de subsidios. En efecto, Petro aseguró que el Gobierno tiene un censo de 1,2 millones de madres cabezas de familia y madres de hijos en la primera infancia –todas en condición de vulnerabilidad– que van a ser beneficiarias de un giro mensual de 500.000 pesos.

“Este es un cambio sustancial en la historia de las transferencias en Colombia, pero que podría denominarse literalmente como limosnas” por lo bajo del monto, que no alcanza a ser según el propio Petro– un salario mínimo legal vigente.

El segundo punto clave está relacionado con la contratación, pues –con base en el decreto de desastre– el Gobierno podrá hacer negocios de forma directa con organizaciones populares, incluidas las juntas de acción comunal, para tramitar los planes de ayuda y abastecimiento de las familias damnificadas.

Petro aseguró que, para ello, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) está trabajando en un “mapa del hambre”, con el cual se identifican los puntos álgidos para brindarles atención inmediata a sus habitantes.

El tercer punto está relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el cual se busca cubrir al 100 por ciento de los niños y jóvenes hasta el 31 de diciembre próximo. Eso implica que, ni si quiera en vacaciones, se frene la entrega de estos productos.

En lo referente al cuarto punto, el Jefe de Estado informó que “se transformará a Indumil en una reconvención industrial para que pueda construir puentes, al estilo de los que se importan, para que se pueda lograr comunicación vial prontamente” en las zonas afectadas por las lluvias.

Este punto en particular generó debate porque especuló, sin sustento, que la entidad dejaría de fabricar armas, lo cual el presidente Petro en ningún momento mencionó.

Y para cerrar su plan, el mandatario reveló que habrá un subsidio del 100 por ciento para todos los fertilizantes que se destinen a alimentos en Colombia, “includia la producción cafetera”.

“Al valorar cada uno de estos objetivos estamos hablando de billones de pesos que trataremos de ejecutar a través de la figura del desastre”, precisó Petro, quien aseguró que espera hace adiciones al presupuesto actual –que viene desde la administración de Iván Duque– para financiar todo su plan, en el cual también espera que haya una inyección de recursos con la reforma tributaria que esta semana debate el Congreso.

Javier Pava, director de la UNGRD y quien estará a cargo de coordinar este ambicioso plan, advirtió que “ya muchos municipios han superado su capacidad y están acudiendo al apoyo nacional”.

De acuerdo con el reporte oficial, y con corte al 1 de noviembre, 21 departamentos y 390 municipios declararon calamidad, además, se suman 5.207 viviendas destruidas.

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