Deficiencias en el manejo del sistema de información, irregularidades en contratos de vehículos blindados y otros materiales para la protección de las personas, falencias en los trámites de solicitudes de protección, estudio y evaluación del riesgo, y problemas en la estructuración de contratos. Esas son algunas de las fallas que encontró la Contraloría General de la República en la auditoría que realizó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que se encarga de los esquemas de seguridad en el país.
El ente de control realizó la auditoría a la gestión de la UNP durante 2018, pero el informe de esta revisión y vigilancia, que conoció EL COLOMBIANO, se presentó el 20 de diciembre de 2019.
Luego de realizar la revisión, la Contraloría concluyó tres cosas. Primero, que “se evidenciaron deficiencias en la planeación contractual para la contratación de hombres de protección” referida a la prestación del servicio de protección. Segundo, sobre estos contratos, dijo que hubo casos en los que, sin ser ejecutados los recursos, eran modificados para realizar adiciones.
Esto llevó a que existieran “modificatorios con una ejecución inferior al 50 %, lo que evidencia la deficiente aplicabilidad por parte de la entidad del principio de planeación, que afecta la eficiencia y la eficacia”.
Las irregularidades
Uno de los casos que llamó la atención en la auditoría se remonta a 2016. El 13 de septiembre de ese año, la UNP resolvió que el exconcejal Miguel Hurtado, del municipio de Olaya Herrera (Nariño), que había requerido protección, no la necesitaba.
Sin embargo, la Contraloría, al revisar la contratación, encontró que durante todo 2018 se pagaron $60 millones para el esquema descartado dos años antes. “La entidad realizó pagos por concepto de escolta, no prestados durante la vigencia 2018, por valor de $60.105.415, (...) lo que denota deficiencias de supervisión y control operativo y financiero”, relató la Contraloría.
EL COLOMBIANO buscó a la UNP para conocer su pronunciamiento, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, cuando fue consultada por la Contraloría, la Unidad de Protección señaló que era un “error involuntario”, pues el concejal hacía parte de un esquema colectivo de seguridad.
Un punto más preocupante fue el de un anticipo injustificado de $500 millones a un contratista de la UNP, para el pago de escoltas en agosto de 2018. Esto, a pesar de que “no se había terminado la prestación del servicio del correspondiente mes ni la presentación por parte del contratista de la facturación del servicio”.
La UNP se defende asegurando que no se trataba de un anticipo, sino de un abono para “evitar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aplicara la sanción de asignación de recursos en el periodo siguiente y garantizar el pago de las obligaciones”.
Atentados y delincuencia
Las advertencias de la Contraloría llegan en un momento complejo para la UNP que está siendo cuestionada por la asignación de esquemas de protección y el presunto involucramiento de miembros en actos delincuenciales.
En el tapete está la preocupación por lo que ocurre con su fuerza de protección, pues, a mediados de enero, las autoridades de policía anunciaron que habían frustrado un intento de homicidio (hoy cuestionado) contra el jefe del partido la Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
Ayer, precisamente, fueron detenidas tres personas, portando cinco kilos de marihuana, en el sector las Heliconias en la vía que comunica a Dabeiba -Santa Fe de Antioquia. El vehículo pertenecía a la UNP, y esas irregularidades se suman los presuntos malos manejos de dinero en la entidad.
500
millones de pesos entregados sin justificación es uno de los cuestionamientos a la UNP.
