En lo que va de esta semana el expresidente Álvaro Uribe ha recibido dos noticias positivas, la primera tiene que ver con que su libertad será revisada hoy mismo por un juez de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, allí su defensa tendrá la oportunidad de alegar que Uribe ni siquiera ha sido imputado, de acuerdo con la Ley 906 de 2004, por lo cual no debe estar privado de la libertad hasta que eso ocurra.
Y la segunda, es que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió ayer enviar su expediente por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, así como el que tiene que ver con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle a la Fiscalía General de la Nación, por considerar que una vez el expresidente renunció al Senado perdió la competencia para investigarlo. Justamente para hoy estaba citado a indagación preliminar en la Corte sobre estos hechos.
Con esta decisión la Sala le da la razón al abogado defensor Jaime Granados, quien aseguró que “todos los expedientes deben pasar a manos de la justicia ordinaria, ya que el expresidente y exsenador perdió su fuero”.
De acuerdo con Juan Carlos Álvarez, profesor de derecho penal de Eafit, el traslado de los expedientes obedece a una razón de carácter jurídico: “La Corte tenía competencia para mantener las investigaciones mientras Uribe fuera congresista, al haber renunciado solo mantiene investigaciones con hechos relacionados directamente con su ejercicio como legislador, cualquier otra investigación tiene que realizarla la jurisdicción ordinaria”.
Ahora, las implicaciones de dicha determinación lo único que cambian es quién realiza la investigación previa al juicio, ya que no estará en manos de la Sala de Instrucción, sino de la Fiscalía, pero en caso de llegar a la etapa de juicio, el proceso se llevaría a instancias de la Corte.
“Esos hechos ocurren en el momento en el que Uribe era gobernador de Antioquia, en ese sentido, los gobernadores, de acuerdo con la legislación, tienen un fuero para el juzgamiento, así que la investigación la hace la Fiscalía y el juicio lo debe llevar la Corte Suprema, caso similar al de Aníbal Gaviria”, explicó Álvarez.
En qué van los procesos
El expediente por las masacres de La Granja y El Aro (en Ituango), perpetradas en 1996 y 1997 respectivamente por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, llevan 20 años en los estrados judiciales.
En mayo de 2000, la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de la investigación previa, con fundamento en una compulsa de copias de la entonces Unidad de Derechos Humanos, según la cual el gobernador de Antioquia omitió su responsabilidad de proteger y salvaguardar la vida de los campesinos en los dos corregimientos, ya que tenía información acerca de los ataques y no hizo nada para evitarlos. El gobernador había sido avisado por el defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle y se había realizado un consejo de seguridad en la zona, tras el cual no ocurrió nada. Las masacres sucedieron durante una semana y nadie auxilió a los campesinos. De hecho a Uribe también se le investiga por el asesinato de este líder ocurrido el 27 de febrero de 1998 (ya no era Gobernador).
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, un fiscal delegado ante la Corte, por instrucción del fiscal general Alfonso Gómez Méndez, profirió resolución inhibitoria al considerar que no existía mérito para iniciar una investigación formal.
En 2006, la Corte Interamericana condenó al Estado como responsable por las dos masacres, pero el proceso contra Uribe solo se movió en 2011 tras un oficio del entonces representante a la Cámara, y ahora senador, Iván Cepeda, quien aseguró que el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero” tenía información de primera mano acerca de la supuesta participación de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez en la conformación un grupo paramilitar en la Hacienda Guacharacas, a comienzos de los 90, y que desde entonces Uribe le ayudó a las Auc de manera consistente.
Para enero de 2013, el fiscal delegado ante la Corte ordenó revocar la resolución inhibitoria de diciembre de 2000 y reanudar la investigación previa. Fue en diciembre de 2014 que el proceso pasó a manos del magistrado Gustavo Malo Fernández, hoy detenido en el Cantón Norte por el Cartel de la Toga, y solo hasta abril de 2015 avocó conocimiento de la investigación previa.
En noviembre de 2016 la Sala de Casación Penal ordenó aprehender el conocimiento de la investigación previa y practicar pruebas. Y en febrero de 2018, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del magistrado Rubén Pinilla Cogollo, compulsó copias contra el expresidente Uribe por la matanza de El Aro y, tres meses después, la Sala de Casación de la Corte Suprema declaró delitos de lesa humanidad ambas masacres, por lo que no prescribirán.
El otro expediente que fue remitido a la Fiscalía tiene que ver con la conformación de un grupo armado en la Hacienda Las Guacharacas, de propiedad de su familia, misma organización responsable de dos masacres en San Roque, ocurridas en 1996. En este proceso el expresidente no ha sido requerido.
