El discurso inicial del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, movió más el panorama político que el judicial.
Durante su posesión este jueves, Barbosa invitó al contralor Carlos Felipe Córdoba, y al procurador, Fernando Carrillo, a apoyar la propuesta de que sus cargos tengan una inhabilidad de un año para lanzarse a la elección popular.
La iniciativa, incluida en el borrador de la reforma a la justicia que preparan el Gobierno y Cambio Radical, dejaría sin posibilidad de entrar a la carrera presidencial a Carrillo, quien concluye su periodo en 2021.
El procurador, una de las pocas figuras visibles de origen liberal a nivel nacional, y un crítico recurrente del Gobierno, en aspectos como la aspersión aérea con glifosato, no tomó bien el lance del Fiscal, y le respondió en medios: “No soy candidato a nada”.
Para Jaime Duarte, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Externado, este episodio hace parte de una suerte de cacería de brujas de candidatos presidenciales, una búsqueda de aspirantes que, a dos años de las elecciones, tiene el sonajero sobrecargado.
“Ante la escasez de figuras en los partidos, surgen varias opciones presidenciables. Pero de que suenen sus nombres a que tengan opciones hay mucha diferencia”, afirma.
Puntualmente, en el caso de los procuradores, los fiscales y los contralores, es común que sus nombres entren en las listas de opcionados a aspirar a la Presidencia.
Sin embargo, en muchos casos estos no llegan a lanzarse, como ocurrió con los anteriores contralores Edgardo Maya, Antonio Hernández Gamarra y con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, de quien no se descarta esta opción.
Aquellos que sí se han aventurado, además, como el exprocurador Alejandro Ordóñez, los exfiscales Viviane Morales y Alfonso Gómez Méndez, no han pasado de una precandidatura.
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