A un mes del terremoto del 10 de agosto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia, la atención de la emergencia entra en una etapa de recuperación que puede extenderse durante meses o años. Fundación PLAN ha concentrado sus esfuerzos en las comunidades más afectadas, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, educación, protección y vivienda.
Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de la organización, explicó en entrevista con EL COLOMBIANO cómo han priorizado más de $7.345 millones en ayudas, qué dificultades hay en territorios como Chocó y cuáles son los retos para evitar que las comunidades queden solas a medida que disminuye la atención sobre la tragedia.
¿Cuáles fueron los principales logros y obstáculos de Fundación PLAN tras el terremoto?
En este primer mes, el hito inicial y principal fue haber logrado llegar en tiempo récord a las zonas más afectadas por el terremoto: Cali, Quibdó, Pereira y sus municipios aledaños. Llegar rápido y con una propuesta de evaluación y articulación estructurada fue fundamental para ayudarnos a entender mejor el alcance de las afectaciones, las necesidades más urgentes de las comunidades, y el esquema local de respuesta de cada caso, y a partir de ello diseñar la mejor forma en la que podíamos aportar con pertinencia desde nuestra experiencia humanitaria, territorial y de protección de la niñez.
Gracias a ese trabajo conjunto, hoy -un mes después- podemos mostrar resultados concretos: apoyos iniciales para familias afectadas, dotación de alojamientos temporales, instalación de espacios temporales de aprendizaje, y una creciente movilización de recursos para avanzar en la atención inmediata, esquemas de apoyo a primera infancia, estrategias de protección y de educación en emergencia, y oportunidades para desplegar la reconstrucción de vivienda e infraestructura social con énfasis en la continuidad escolar de las niñas, niños y jóvenes.
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No quiero dejar de mencionar un hito por el que estoy absolutamente agradecida y conmovida, y es que durante este primer mes hemos logrado movilizar apoyos en dinero por más de $7.345 millones de pesos, gracias a generosos aportes de las Oficinas Nacionales de PLAN Internacional, Ford Foundation, UNICEF, Alejandro Riaño, el Grupo Firme, y muy especialmente de los colombianos y colombianas que confiaron en nosotras para ayudar a las zonas más afectadas. A ellas y ellos que se han sumado a este esfuerzo quiero expresarles nuestro eterno agradecimiento por ayudarnos a ayudar más y mejor.
En cuanto al principal obstáculo, quizás sea que el tiempo de cada día nos ha resultado insuficiente pese a los incansables esfuerzos de todo el equipo de PLAN para poder lograr más en estas primeras semanas después de la emergencia. Sin embargo estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado hasta hoy y de todo lo demás que queremos hacer.
¿Qué diferencia hay entre atender el terremoto en Quibdó, Pereira y Cali?
Operar en Quibdó tiene particularidades muy distintas a operar en Pereira o Cali, pero para Fundación PLAN no es un territorio ajeno. Chocó es un departamento extraordinario, con personas trabajadoras, talentosas, luchadoras y profundamente resilientes. Al mismo tiempo, es un territorio que ha enfrentado históricamente condiciones multidimensionales de vulnerabilidad: exposición al conflicto armado, limitada inversión pública y privada, rezagos en infraestructura, brechas en servicios básicos y menos oportunidades sostenidas de desarrollo.
Desde una perspectiva técnica, operar en Quibdó en la respuesta a una emergencia como esta puede implicar mayores retos de accesibilidad, seguridad, cobertura de servicios públicos, conectividad, disponibilidad de información y documentación técnica para intervenciones estructurales. Estos factores pueden incidir en la velocidad y en la forma de diseñar e implementar la respuesta.
Sin embargo, esa complejidad no ha significado para nosotros una barrera insuperable frente a Cali o Pereira, y en su lugar ha reforzado nuestro compromiso. Fundación PLAN trabaja en Quibdó y en muchos municipios del Chocó desde hace más de 40 años. De hecho, antes del terremoto ya contábamos con equipos en el departamento, porque veníamos desarrollando dos proyectos allí, además de muchos otros procesos que hemos acompañado históricamente en este territorio.
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En ese sentido, operar en Chocó nos permite responder desde un conocimiento acumulado y desde una relación de confianza con diferentes actores. Gracias a ello pudimos llegar desde la primera semana de la emergencia entregando 100 kits de seguridad alimentaria y nutricional que impactaron a 495 personas afectadas localizadas en alojamientos temporales, y nos permite ahora seguir estructurando una respuesta que combine atención inmediata con recuperación y estabilización en el mediano y largo plazo.
Conocemos bien las necesidades y los desafíos que históricamente ha enfrentado el Chocó, y por eso creemos que, pese al doloroso impacto de esta emergencia, también existe una oportunidad para hacer las cosas mejor. Si logramos como hasta ahora seguir sumando esfuerzos con actores públicos, privados, comunitarios y de cooperación internacional, esta respuesta puede contribuir no solo a atender la emergencia, sino también a cerrar brechas históricas y mejorar condiciones de vida en un territorio que merece más oportunidades, inversión y presencia sostenida.
¿Cómo se priorizan las comunidades que reciben primero los kits y los alojamientos?
Lo primero fue establecer, desde nuestra experiencia técnica y humanitaria, cuáles serían las zonas y las acciones que podíamos desplegar con mayor valor agregado. En este caso pusimos a disposición kits de seguridad alimentaria y nutricional, kits de dotación para alojamientos temporales, kits de saneamiento básico y acceso a agua potable, así como servicios de protección a la niñez y de educación en emergencias.
La segunda parte de la priorización consistió en levantar una evaluación rápida de necesidades. Esto implica consultar a actores comunitarios, instituciones locales y organizaciones de cooperación para construir un mapa de las necesidades más apremiantes en cada territorio y en cada una de las líneas de respuesta. Ese análisis nos permitió identificar, municipio por municipio, los niveles de afectación, las necesidades más urgentes, las capacidades ya existentes y las brechas de atención que debían ser cubiertas con mayor prioridad.
Nuestro propósito ha sido llevar la ayuda donde más se necesita, sin duplicar esfuerzos, aprovechando mejor los recursos disponibles y manteniendo una mirada integral sobre las necesidades de las familias, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
¿Por qué insisten en que la educación en emergencias “no es un lujo”? ¿Qué pasa con un niño que no tiene ese espacio?
Este es justamente uno de los temas en los que más queremos centrarnos en Fundación PLAN. La educación en emergencias no es un lujo, una opción ni algo que pueda esperar a que pase la crisis. Es una respuesta esencial para garantizar derechos y proteger las trayectorias de niñas, niños y adolescentes.
Una emergencia puede interrumpir de manera inmediata la relación de niñas y niños con la escuela, sus docentes, sus pares y las oportunidades de aprendizaje. Cuando esta interrupción se prolonga, aumentan las dificultades para mantener la asistencia, recuperar los aprendizajes y evitar la desvinculación definitiva del sistema educativo.
Pero la ausencia de un espacio educativo no significa solamente perder clases. También puede significar perder una rutina, un espacio de cuidado, relaciones con personas adultas y pares y oportunidades para identificar situaciones que requieren protección. En contextos de crisis, la interrupción educativa puede aumentar la exposición a riesgos como el trabajo infantil, el reclutamiento o utilización por grupos armados y, para las niñas y adolescentes, la violencia sexual y el embarazo infantil forzado.
Por eso, la educación debe estar presente desde el inicio de la respuesta y no después de que las demás necesidades estén resueltas. Un espacio educativo puede ayudar a recuperar rutinas, favorecer el bienestar, identificar riesgos, activar rutas de protección y mantener las oportunidades de aprendizaje. Y hay algo fundamental: proteger no significa dejar la educación en segundo plano. La respuesta debe integrar ambas dimensiones: garantizar entornos seguros y protectores y, al mismo tiempo, crear condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan seguir aprendiendo durante la emergencia.
¿Qué diferencia hay entre los 3 espacios temporales de aprendizaje ya instalados y los 11 que proyecta Fundación PLAN? ¿Qué falta para llegar a esa meta?
Los tres espacios temporales para el aprendizaje que ya están instalados y los once que proyectamos responden al mismo modelo y cuentan con los mismos estándares de calidad. La diferencia está en el contexto y en la función que cumplen dentro de la respuesta.
Algunos se ubican cerca de los alojamientos temporales, para atender a las familias y comunidades más afectadas y ofrecer a niñas, niños y adolescentes un espacio seguro donde puedan aprender, jugar, recuperar rutinas y continuar vinculados a experiencias educativas mientras se restablecen las condiciones para el retorno en las instituciones educativas. Otros se instalan dentro o cerca de las instituciones educativas, cuando se requiere habilitar infraestructura segura para el restablecimiento del servicio educativo y generar mejores condiciones para el retorno a las clases.
En ambos casos son espacios temporales. No buscan reemplazar a la escuela ni convertirse en un servicio educativo paralelo. Buscan acompañar la transición, mantener las oportunidades de aprendizaje y facilitar la atracción y el retorno de niñas, niños y adolescentes al sistema educativo una vez existan las condiciones para hacerlo.
Para llegar a los once espacios necesitamos más alianzas y que más personas sigan confiando en la labor de Fundación PLAN y se sumen a esta respuesta. Necesitamos recursos para llegar a las comunidades donde la interrupción del servicio educativo es mayor y ampliar estos espacios allí donde más se necesitan. Las donaciones pueden realizarse a través de plan.org.co, y cada apoyo nos permite llegar a más niñas, niños y adolescentes con espacios seguros para aprender, jugar y recuperarse emocionalmente.
Los $2.489.390.000 del concierto con Alejandro Riaño son para vivienda en Chocó, ejecutados 100% por PLAN. ¿Qué mecanismo de veeduría o rendición de cuentas van a usar?
La rendición de cuentas hace parte de nuestros valores organizacionales y es uno de los pilares que nos han permitido mantener una presencia ininterrumpida en Colombia durante ya 64 años. Al ser una entidad sin ánimo de lucro que recibe y administra recursos de distintas fuentes y para múltiples propósitos, no podríamos existir sin un sistema financiero, administrativo y documental sólido, que nos permita responder por cada actividad con transparencia, orden y evidencia.
De hecho, creemos que una de las razones por las que Alejandro Riaño, sus amigos, los artistas y tantas personas más que sumaron a esta campaña confiaron en Fundación PLAN precisamente porque gozamos de esta estructura y reconocimiento.
En este caso específico, como ocurre con todos nuestros proyectos, cada aporte tendrá un registro financiero y contable individualizado desde su ingreso a la cuenta dedicada al proyecto. Esa información se cruza con cada gasto ejecutado según las líneas presupuestales aprobadas. Para los $2.489.390.000, la destinación será la recuperación de vivienda en Chocó, por lo que la trazabilidad deberá permitir verificar qué recursos ingresaron, en qué se ejecutaron, bajo qué proceso de compra o contratación, y qué avance técnico se obtuvo con esa inversión.
Además, hemos acordado con el equipo de Alejandro Riaño desarrollar comités técnicos periódicos en los que presentaremos avances técnicos, ejecución financiera detallada, gestión de compras, y alertas que deban ser gestionadas. Queremos que este proceso tenga garantías claras para quienes aportaron, pero sobre todo para las familias y comunidades que serán beneficiarias.
¿Cuántas viviendas o familias esperan cubrir con ese monto, y en qué plazo?
Se trata de una respuesta que debemos dar con responsabilidad técnica. Aunque desde el comienzo fue claro para el equipo de Alejandro Riaño que los recursos estarían destinados a apoyar la reconstrucción y/o recuperación de viviendas en Quibdó, determinar cuántas viviendas o familias podrán beneficiarse demanda una aproximación más técnica.
En proyectos de vivienda e infraestructura social, el alcance depende de consideraciones que debemos abordar desde el territorio y de manera concertada. Debemos trabajar con las autoridades locales y con las comunidades beneficiarias para identificar predios donde eventualmente puedan desarrollarse soluciones de vivienda nueva, y también evaluar las infraestructuras afectadas para determinar cuáles son susceptibles de recuperación, rehabilitación o reforzamiento.
Además, tanto para vivienda nueva como para recuperación de viviendas existentes, es necesario superar etapas técnicas y jurídicas fundamentales: revisar la titularidad de los predios, realizar estudios de suelos, construir diseños arquitectónicos acordados participativamente, verificar la conectividad con redes de servicios públicos suficientes y revisar la relación con la dotación urbana existente. Todo esto es indispensable para que las intervenciones representen transformaciones reales para las familias y, sobre todo, para que no generen nuevos riesgos en el futuro.
Me parece importante destacar que Fundación PLAN ha implementado varios proyectos de infraestructura social y obras civiles de impacto comunitario. Contamos con un equipo técnico de alta calidad que ha acompañado múltiples proyectos, entre ellos la Institución Educativa Antonio Ricaurte, en el barrio Cabí de Quibdó, y la Institución Educativa Técnico Agropecuario de Chinulito, en el corregimiento del municipio de Colosó, por mencionar los más recientes.
De momento, me da alegría confirmar que ya contamos con el aval de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y que mantendremos una comunicación permanente con la institucionalidad local. Nuestro compromiso es avanzar con la mayor celeridad posible siempre que no se sacrifique rigor técnico, participación comunitaria ni seguridad. Tan pronto culminemos las evaluaciones y concertaciones necesarias, podremos informar con mayor precisión el número de viviendas o familias beneficiarias y el cronograma de ejecución.
Usted pasó por la Alta Consejería para las Víctimas y el proceso de paz. ¿Cómo aplica hoy esa experiencia con víctimas y en procesos de paz a la atención de la emergencia por el terremoto?
Un desastre natural y un conflicto armado son fenómenos distintos, pero producen patrones de afectación muy similares: desplazamientos masivos, pérdida de medios de vida, interrupción educativa, ruptura de redes de cuidado, afectaciones a infraestructura esencial y exposición a violencias basadas en género. Desde la Alta Consejería aprendimos que una emergencia no se define solo por su causa, sino por su impacto en la vida y la dignidad de las personas.
En el conflicto, los hechos victimizantes —como desplazamientos forzados, atentados a infraestructura, confinamientos o deserción escolar— generan emergencias humanitarias complejas que requieren coordinación interinstitucional, rutas de protección y mecanismos de derivación segura. Ese aprendizaje es directamente aplicable hoy: en un desastre natural también debemos mapear riesgos, activar rutas de protección, garantizar acceso a información clara, y asegurar que la respuesta incorpore un enfoque de género y derechos humanos desde el primer día.
- Como exsecretaria de la Mujer, ¿qué riesgos de género enfrentan las mujeres y niñas durante una emergencia por desastre, como violencia intrafamiliar, violencia sexual y sobrecarga de cuidados, y cómo los están mitigando?
Cuando ocurre un desastre y las familias deben desplazarse, los riesgos de género aumentan de manera inmediata. Lo vemos en tres dimensiones:
• Violencia intrafamiliar, que se incrementa por el estrés, la pérdida de vivienda y la ruptura de redes de apoyo.
• Violencia sexual (incluyendo el abuso y explotación), especialmente en albergues, zonas de tránsito y espacios sin iluminación..
• Sobrecarga de cuidados, porque las mujeres suelen asumir la gestión del agua, la alimentación, el cuidado de personas mayores, niñas y personas con discapacidad, lo que limita su autonomía y su acceso a asistencia.
En esto, hay un punto crítico: las niñas y adolescentes. En emergencias aumentan los riesgos de abuso y explotación sexual, abandono escolar, control coercitivo de su movilidad y, en algunos contextos, un incremento de uniones tempranas o forzadas. Esto está ampliamente documentado por los estándares humanitarios del IASC (Comité Permanente entre Organismos, o Inter-Agency Standing Committee) y el GBV AoR (Área de Responsabilidad de Violencia de Género, o Gender-Based Violence Area of Responsibility).
¿Qué estamos haciendo? Primero, Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, donde pueden acceder a información, apoyo psicosocial y rutas de derivación segura. Segundo, mapeo participativo de riesgos con mujeres y adolescentes para identificar zonas inseguras y ajustar la infraestructura de los albergues. Tercero, equipos formados en salvaguarda, para recibir reportes sin revictimizar y activar rutas centradas en la superviviente. Y cuarto, acciones para redistribuir los cuidados, como puntos comunitarios de cuidado temporal y acceso prioritario a servicios básicos.
La clave es que la respuesta humanitaria no puede ser neutra: si no incorporamos enfoque de género, reproducimos las desigualdades y aumentamos los riesgos.
¿Qué necesita hoy Fundación PLAN para continuar atendiendo a las familias afectadas por el terremoto?
Hemos venido adaptando nuestra estructura de la mejor manera posible para responder con mayor eficiencia y eficacia en el territorio. Un ejemplo concreto es lo ocurrido en Risaralda: pasamos de no tener una oficina instalada en el departamento a estructurar un equipo de trabajo concebido para articular mejor nuestra respuesta en Pereira y Dosquebradas. Ese equipo nos permite hoy prestar servicios de acompañamiento psicosocial, orientación psicopedagógica y gestión especializada.
Lo que más necesitamos hoy es que el apoyo y la financiación continúen. La respuesta inmediata movilizó una ola muy importante de solidaridad, pero las necesidades de las familias afectadas van a seguir presentes durante meses y posiblemente años, especialmente en recuperación de medios de vida, vivienda, educación, protección y restablecimiento de servicios básicos. Nuestro mayor riesgo es que, a medida que la emergencia deje de estar en el centro de la conversación pública, los recursos sean insuficientes para sostener los procesos de recuperación.
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También necesitamos seguir articulando mejor las ayudas. Esto implica compartir información, coordinar esfuerzos y construir alianzas que permitan optimizar los recursos disponibles y responder de manera integral en los lugares donde se concentran las vulnerabilidades más acentuadas. La colaboración entre quienes ya estamos en los territorios y quienes aún no han llegado pero quieren sumarse, puede hacer que la respuesta sea más pertinente, más ordenada y de mayor impacto.
Así, más que una sola necesidad quiero hacer un llamado: sostener la financiación, fortalecer capacidades territoriales y trabajar de manera coordinada. Desde Fundación PLAN estamos a disposición de los actores públicos, privados, comunitarios, humanitarios y de cooperación internacional que quieran sumarse a las líneas de respuesta que estamos activando.
Si el país olvida esta emergencia en tres meses, como suele pasar, ¿qué es lo que PLAN no puede dejar de hacer?
Quizás no se trate de que el país olvide deliberadamente esta emergencia, sino que la atención se dispersa en medio de las muchas otras situaciones que ocurren dentro de nuestras fronteras. Como organización humanitaria y de desarrollo, sabemos que las comunidades están expuestas de manera casi permanente a riesgos naturales, riesgos asociados al orden público, vulnerabilidades económicas, el limitado acceso a oportunidades, y las situaciones emergentes como esta.
Por supuesto, es importante decirlo con claridad: con menos apoyo y menos ayudas, nuestra capacidad de respuesta se limita y se reduce el número de familias que podemos acompañar. En la medida en que sea posible para el Estado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y las y los ciudadanos, les pediría respetuosamente el mantener las ayudas que puedan orientar directamente, a través de otras organizaciones, o a través nuestro.
Entretanto, lo que PLAN no puede dejar de hacer es acompañar la continuidad de la educación, la protección de niñas, niños y adolescentes, el bienestar emocional de las familias, la recuperación de medios de vida y explorar las opciones de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura social y de vivienda. Lo que PLAN no dejará de hacer es el permanecer junto a las comunidades y territorios afectados, poniendo a su servicio toda la capacidad de la que disponga.
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