La millonaria demanda de un motel contra la SAE

13 trabajadoras del Motel Aries exigen reconocimiento salarial, prestaciones sociales e indemnización por despidos injustificados tras proceso de extinción de dominio.

El motel Aries ubicado en La Estrella, Antioquia, dejó de funcionar desde 2021 luego de entrar en un proceso de extinción de dominio. FOTO Jaime Pérez

A 13 trabajadoras las sacaron del Motel Aries cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE) inició un proceso de extinción de dominio a ese predio. Todas fueron desalojadas y al parecer se perdieron sus derechos cuando el depositario designado decidió despedirlas sin justa causa bajo la excusa de que ese motel, ubicado en La Estrella, Antioquia, iba a cerrar definitivamente.

Lo cierto es que el lugar solo cambió de nombre por un tiempo y siguió funcionando como motel, también fue una discoteca, restaurante, hotel de lujo que ofrecía tours por la ciudad y hasta se rumoraba de un centro comercial.

Pero las empleadas de Aries, que llevaban más de 15 años en la empresa con un contrato a término indefinido, nunca volvieron a trabajar y tampoco a recibir el pago de su pensión, salud o al menos una indemnización. Por esa razón, le metieron una demanda millonaria a la empresa que ahora maneja el terreno y, de paso, a la SAE.

Haciendo cuentas, solo en prestaciones sociales, incluyendo la indemnización por el despido masivo injustificado, la suma que le tendrían que entregar a las trabajadoras supera los 80 millones de pesos, eso sin contar que existe una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses, o hasta cuando se haga efectiva la obligación. Es decir que la deuda es larga y será un juez el que decida cuánta plata les van a tener que reconocer.

La historia se remonta al año 2017, cuando se ocupó con fines de extinción ese motel. Lo que pasó fue que cuando la SAE le entregó el negocio en 2021 al último depositario, que tenía como tarea administrar ese bien para el Estado, a todas las empleadas les dijeron que iban a cerrar, pero que en unos días las volvían a llamar. Sin embargo, pasaron dos años y eso no sucedió.

Blanca Marvin Cocuy llevaba 13 años trabajando en ese lugar y recuerda que “antes de cerrar el motel, no habían pagado prestaciones de ley ni seguridad social a ninguno de los trabajadores (...) Actualmente yo me encuentro incapacitada por un desgaste de rodilla y no he podido tener atención médica, porque no estoy afiliada a salud. Lo que exigimos es que el depositario reconozca las prestaciones que no se nos pagaron y la indemnización por habernos echado sin ninguna justificación”.

A su drama se suman otras 12 trabajadoras con casi 20 años de servicio al motel, quienes están en iguales o peores condiciones. A esa desprotección, le suman que la mayoría son cabezas de familia que se quedaron sin sustento económico.

Razón por la que decidieron emprender acciones legales, porque para ellos es una clara prueba de la negligencia con la que se actuó. “Dado que los empleadores no han pagado a la fecha salarios ni prestaciones debidas queda claro la mala fe de su parte de no cumplir con el mandato y dejar a las familias expuestas a la miseria”, se lee en la demanda.

Para el abogado Pedro José Londoño el problema se centra en que “la SAE no cumplió con su obligación legal de supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los depositarios con sus trabajadores y el hecho de cambiar depositarios permitió que los trabajadores fueran desconocidos”. Además, según la defensa, la SAE fue negligente y descuidada al no administrar correctamente los bienes ni supervisar los deberes del depositario, en este caso, Bogotá Real Estate S.A.S.

El abogado asegura que hasta el momento la única respuesta que ha recibido por parte de la SAE es que ellos no son los encargados de solucionar ese problema, porque no son empleados de la entidad como tal y por eso asignaron a otro empleador, la S.A.S bogotana mencionada. Sin embargo, este diario intentó comunicarse con la SAE regional Antioquia para conocer su posición pero no hubo respuesta al momento de cerrar esta edición. Así mismo, tampoco se logró comunicación con el depositario Bogotá Real Estate que figura en la demanda.

Las trabajadoras demandantes esperan que les reconozcan por lo menos una parte de la millonaria suma que les deben.

Por ahora, la demanda reposa en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la ciudad de Itagüí donde un juez tendrá que estudiar el recurso y decidir si falla a favor o en contra de los 13 trabajadores que esperan que se reconozcan los derechos que perdieron y sean indemnizados. Lo que sigue es una audiencia de conciliación para el próximo 8 de mayo donde por lo menos buscarán llegar a un acuerdo con la SAE.