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Casi 10.000 personas están sitiadas en el Chocó por el paro armado anunciado por el ELN

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita están “en confinamiento de manera indefinida”.

  • El grupo guerrillero anunció, a mitad de semana, un paro armado indefinido. FOTO: ARCHIVO EC
    El grupo guerrillero anunció, a mitad de semana, un paro armado indefinido. FOTO: ARCHIVO EC
16 de diciembre de 2022
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Alrededor de 9.800 personas han sido forzadas a confinarse en el noroeste de Colombia debido al “paro armado indefinido” impuesto allí por la guerrilla del ELN en medio de las negociaciones de paz que adelanta con el gobierno, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.

“Tras el anuncio de paro armado” por parte de los rebeldes en el departamento del Chocó, “al menos 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita” están “en confinamiento de manera indefinida”, con restricciones a la movilidad, actividades diarias, “transporte de víveres y alimentos al igual que acceso a servicios de salud”, indicó la entidad en un comunicado.

En un documento difundido el miércoles, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) prohibió la circulación y actividad en esa región aduciendo el asesinato el lunes del “joven Santiago Cáceres” a manos de “paramilitares” en “convivencia” con la Fuerza Pública.

“Cabe recordar que el pasado lunes 12 de diciembre se registró una incursión de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la comunidad afro de Negría en Istmina, en la que fue asesinada una persona y recibieron intimidaciones, daños a bienes civiles y hurtos”, indicó la entidad encargada de velar por los derechos humanos.

De acuerdo a la Defensoría, como consecuencia de esos enfrentamientos unas 141 personas debieron desplazarse a otros poblados aledaños.

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“Las comunidades afro e indígenas ubicadas en esta subregión del medio San Juan han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales por grupos ilegales”, añadió la Defensoría.

El “paro armado” levantó críticas tanto en la oposición como en el Gobierno izquierdista, que a inicios de esta semana había dado por concluido “exitosamente” el primer ciclo de conversaciones de paz con la guerrilla en Caracas.

Al término de la ronda de diálogos, el Gobierno y el ELN anunciaron “acciones humanitarias” para mitigar la violencia precisamente en la zona donde los rebeldes ahora paralizan la actividad bajo amenaza.

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Las partes retomaron en noviembre el proceso de paz que había quedado en suspenso bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y que en principio tendrá un segundo capítulo el próximo año en México.

La negociación avanza sin que medie un alto al fuego.

En armas desde 1964, el ELN tiene un pie de fuerza de unos 2.500 combatientes y una amplia red de colaboradores, según estimaciones independientes.

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