En los próximos 11 meses se sabrá a ciencia cierta si el proyecto del metro elevado es viable para Bogotá. Es entonces cuando, según cálculos de la Alcaldía, se estaría adjudicando la obra. Por ahora, los jueces le dan la razón al alcalde Enrique Peñalosa, quien ha enfrentado demandas y denuncias por cambiar el metro subterráneo por uno elevado.
Una de las acciones legales que puso en jaque el proyecto del metro elevado fue instaurada por el concejal Hollman Morris, del partido Progresistas, quien cuestionó que el Concejo le aprobara al Distrito un presupuesto de vigencias futuras por 4 billones de pesos. Para el concejal, los recursos que aprobó el cabildo solamente podrían ser utilizados en el metro subterráneo, el cual cuenta con 8 años de estudios.
Sin embargo, el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá declaró improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por Morris. De acuerdo con la jueza, María Carolina Torres, el Acuerdo con el que el Concejo aprobó las vigencias futuras “es uno de los pasos para desarrollar la primera línea del metro y no la orden expresa de realizarlo”. Así las cosas, la acción de cumplimiento resultaba improcedente.
Si bien el concejal anunció nuevas “acciones penales” contra Peñalosa por “mentirle a la ciudadanía”, la empresa Metro de Bogotá emitió un comunicado señalando que con la decisión del Juzgado tienen la “posibilidad de enfocar el trabajo en las actividades técnicas necesarias para adelantar las obras a partir de 2018”.
Desde el punto de vista de Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro de Bogotá, el proyecto es uno solo: la construcción de la primera línea del sistema. “Es un proceso que lleva 7 años y que no se detiene. Para no ir muy lejos, el metro de Medellín se demoró 12 años en construcción y costó el triple de lo que se presupuestó. Después de haber empezado el proyecto se encontraron oportunidades de optimización. En Bogotá, las hemos encontrado a nivel de estudios”.
Una optimización fundamental, según Escobar, es el ahorro que representa para la ciudad construir un sistema elevado y no uno subterráneo, que costaría cerca de 17 billones de pesos sin sobrecostos. El metro elevado podría representar un ahorro hasta de 4,4 billones de pesos.