Más de 4.200 defensores y contratistas reclamaban pagos atrasados por una crisis atribuida a demoras del Ministerio de Hacienda. La Defensoría aseguró que los pagos comenzarán a reflejarse en el transcurso de la semana tras recibir el PAC.
Luego del cese de actividades anunciado por defensores públicos en todo el país, una medida adoptada en medio de retrasos en los pagos y una crisis presupuestal que los dejó en una situación económica y financiera crítica, tanto la Defensoría como el Ministerio de Hacienda por fin dieron respuesta.
A través de su cuenta oficial en X, la Defensoría informó que recibió por parte del Ministerio de Hacienda el Plan Anual Mensualizado (PAC) correspondiente a diciembre, trámite que se encontraba pendiente y que era clave para destrabar los desembolsos. De acuerdo con la entidad, esta gestión permitió iniciar el pago de las obligaciones atrasadas con contratistas y defensores públicos.
Sobre cuándo sería el pago, dice: “Informamos que hemos recibido el Plan Anual Mensualizado (PAC) pendiente de diciembre por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto nos permitió el pago pendiente a nuestros contratistas, incluyendo a defensoras y defensores públicos. Esperamos que los pagos se vean reflejados en el transcurso de la semana”.
Desde el sindicato de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) se había advertido que la crisis tenía su origen en los retrasos del Ministerio de Hacienda, pese a las solicitudes reiteradas de la entidad para acelerar el proceso administrativo.
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Y es que en un comunicado reciente, el sindicato señaló que más de 4.200 defensores y contratistas continuaban sin recibir sus honorarios, situación que motivó la convocatoria a un cese de actividades a nivel nacional para el martes 20 de enero. Las movilizaciones se realizaron en Bogotá.
Cabe resaltar que, para finales de diciembre, eran más de 5.000 funcionarios los que esperaban el pago de sus honorarios. Su función resulta vital: son los encargados de defender a las víctimas que no tienen presupuesto para un abogado, o que tienen problemas con trámites administrativos.
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Tras la recepción del PAC, la Defensoría explicó que se espera que los pagos permitan normalizar gradualmente la prestación del servicio y atender las obligaciones pendientes con el personal afectado.
Además, los Jueces Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá expresaron su respaldo a los defensores públicos mediante un comunicado en el que destacaron el papel fundamental que cumplen dentro del sistema penal.
En el pronunciamiento, los jueces subrayaron que no es posible hablar de derechos y justicia sin garantizar condiciones laborales dignas para quienes ejercen la defensa pública.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también se había pronunciado al respecto durante las últimas semanas. En sus entrevistas criticó al Ministerio de Hacienda, y recalcó que la Defensoría es una entidad con presupuesto limitado, cada vez más corto, y que incluso así, les descontarán del presupuesto de 2026 para pagar salarios de 2025.
De hecho, cuando se anunció que el presupuesto de la Defensoría para 2026 sería menor al de 2025, Marín aseguró: “La decisión que el Congreso se dispone a adoptar es, por lo menos, desconcertante: ¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”.
Mientras aquel debate sigue abierto, los contratistas esperan recibir el salario que les corresponde por su trabajo.
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