La Fiscalía ha compulsado copias para que sean investigados 1.244 políticos y 1.174 miembros de la Fuerza Pública tras las confesiones realizadas dentro del proceso de Justicia y Paz por varios exjefes paramilitares y desmovilizados de los grupos alzados en armas.
Al respecto, Miguel Larotta, director Nacional de Políticas Públicas, expresó que “un proceso que tiene tal dependencia de las confesiones de los cabecillas tiene muchos problemas que habría que mirar cómo superar.
El primero, es que es hay una gran cantidad de información, la Fiscalía debería estar preparada para analizar y, por otro lado, sin una posibilidad real de contrastarlas, genera vulnerabilidades importantes respecto de otras personas que pueden quedar involucradas”.
Y es que según el ente investigador, estas solicitudes de investigación se originan de los más de 46.900 hechos confesados por los desmovilizados durante las versiones libres, pero en algunos se descubrió la mentira para involucrar a personalidades por lo que han perdido los beneficios jurídicos al ser excluidos de este proceso 2.117 postulados.
Entre otras razones como el ocultamiento de bienes que podrían contribuir a la reparación de las víctimas y otros delitos cometidos pese a estar vinculados con la Ley del Gobierno..
