Los cuatro primeros días del ciclo 31 de los diálogos de paz se resumen en las discusiones sobre los crímenes de lesa humanidad e infracciones al DIH en el conflicto, y la insistencia de las Farc de que se amplíe el delito político y sus conexos. También por el retorno a La Habana de Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, quienes estuvieron en Bogotá, el viernes, en una reunión con el secretario de Estado de E.U., John Kerry, y el presidente Juan Manuel Santos.
Una vez más sobresalió la discreción de los delegados del Gobierno en el Palacio de las Conversaciones. Solo Humberto de la Calle, el 10 de diciembre, se refirió al twitter del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, calificando que son falsedades de que las Farc pidieron la entrega de regalías y parar los bombardeos a cambio de liberar al general ( r ) Rubén Alzate Mora y a sus dos acompañantes.
Pero Uribe le respondió que “¿será mentira que en acuerdo con terrorismo el Gobierno no exige devolución de riqueza del terrorismo?”. Y la polémica no paró allí e “Iván Márquez”, jefe de la delegación guerrillera, al día siguiente afirmó que lo del twitter del expresidente y senador Uribe eran “calumnias”.
Al debate de si las Farc son o no responsables de crímenes de lesa humanidad, de las cuentas pendientes del Estado y la guerrilla con los crímenes de guerra, y el delito político, se sumó la expectativa por el posible arribo, mañana, de la exsenadora Piedad Córdoba, quien fue secuestrada por Carlos Castaño.
También se esperaba el arribo del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, quien perdió a su hermano y exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, asesinado por las Farc en Urrao en 2003, en un fallido intento de rescate. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló ayer: “Ratifico apoyo al Proceso de Paz. Motivos personales, familiares e institucionales me llevan a declinar participación en comitiva de víctimas”.
Córdoba será parte del último grupo de víctimas que se reunirá con el Gobierno y Farc el 16 de diciembre.
Ampliación del delito político
Como ha reiterado el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, en distintas conferencias en Colombia, ahora los diálogos tocan cada vez más con lo que atañe a las Farc, como la dejación de armas y el reconocimiento de las víctimas. Por esta razón “Pablo Catatumbo”, integrante del secretariado, aseguró que para que se logre un acuerdo de paz se debe llegar a una “reforma política y jurídica” que devuelva “la identidad del delito político”. Propuso que se amplíe ese delito “en total conexidad con las conductas y hechos de los que ha precisado para alcanzar sus objetivos una rebelión” y que el alcance conlleve a “la amnistía y las medidas de indulto que se deben otorgar en el proceso de paz”.
Posición que entra a debatirse en la mesa; una más en la amplia discusión del delito político y sus conexos que empezaron el presidente Santos y el fiscal Eduardo Montealegre. Estos dos últimos coinciden en que el narcotráfico debe de ser conexo al delito político. Incluso el Marco Legal para la Paz da vía libre para que esto ocurra, (en su Artículo 3 solo prohibe que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean conexos al delito político).
Pero las Farc insisten en rechazar esta figura de justicia transicional consideran que reduce “el fin el conflicto a una mera cuestión judicial, a la posibilidad de condicionar un acuerdo de paz al encarcelamiento de guerrilleros”. “Catatumbo” aclaró que en caso de que se les halle culpables de crímenes de lesa humanidad, enfrentarán su responsabilidad ante una instancia independiente que se pacte entre los que han participado en las acciones armadas.
Lesa humanidad y el DIH
Los días más fríos del año en La Habana, según los reportes oficiales, empezaron para los diálogos de paz con la declaración de “Pablo Catatumbo” de que las Farc no son responsables de crímenes de lesa humanidad. Tal y como publicó este diario, el integrante del secretariado centró su intervención del miércoles pasado bajo tres premisas. La primera, que es cosa distinta lo que se juzga en los conflictos internacionales y lo que se juzga en conflictos internos. La segunda está relacionada, según las Farc, a que el grupo no ha violado las leyes de la guerra; y la tercera, que “no han cometido crímenes de lesa humanidad”. Pero un juez penal, consultado por este diario y que pidió la reserva de su identidad, indicó que bajo la categoría de acciones generalizadas y sistemáticas, entraría lo que las Farc hicieron con 10 de los 11 diputados del Valle. Y que por tal razón sería crimen de lesa humanidad, que irían desde la toma de rehenes de un grupo particular, hasta su tortura y eliminación. Como también sería crimen de lesa humanidad los falsos positivos, ya que se “configura como generalizado y sistemático”.
“Catatumbo” puso otra carta sobre la mesa, al decir que los ataques a la población civil nunca han sido intencionados sino la consecuencia de una guerra. Y que cuando se han cometido, la “justicia fariana” ha castigado a los infractores. Pero es larga la lista de graves violaciones en el conflicto y las Farc tienen sus pendientes. Según Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica, se han registrado 220 mil muertos entre 1958 y 2012, 25.007 desapariciones forzadas, unos 6 millones de desplazados, 16.340 asesinatos selectivos, 1.982 masacres, 27.023 secuestrados, 1.754 víctimas de violencia sexual y 6.421 casos de reclutamiento forzado.
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mil menores, según el Icbf, han sido desvinculados de la guerrilla de las Farc.
