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Balance de la oposición sobre la implementación del Acuerdo de Paz
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La bancada de oposición denuncia poco cumplimiento al Acuerdo de Paz. FOTO: Archivo Colprensa
Congresistas de la oposición y algunos independientes, presentaron su balance de cómo se han cumplido los acuerdos de paz en los dos años de gobierno de Iván Duque, en donde advierten incumplimientos y preocupación por el recrudecimiento de la violencia.
Los firmantes del informe son Juanita Goebertus, Angélica Lozano y Wilmer Leal de la Alianza Verde; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Roy Barreras, John Jairo Cárdenas y John Jairo Hoyos, del Partido de La U; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; y Ángela María Robledo, de la Colombia Humana.
Los congresistas sostienen que en materia de violencia hubo un aumento en el asesinato de líderes sociales, de confinamientos y desplazamientos forzados; “frente a la reparación de víctimas y dotación de tierras, se encontró que nos tomaría 43 años indemnizar a todas las víctimas y que solo se está cumpliendo con un 0,08% de lo que se debería estar haciendo al año para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas entregadas en 12 años a campesinos”.
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Respecto a la estabilización de los territorios, sólo se está ejecutando al año el 1,52% del presupuesto en los municipios PDET; en reincorporación, el 71,3% de los excombatientes no se encontraba vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno Nacional; y en materia de sustitución de cultivos ilícitos, tomará 139 años para que el total de las familias que optaron por la sustitución concertada cuenten con un proyecto productivo.
Explican además que de las 107 leyes que se necesitan para la implementación, solo 66 han sido expedidas, de las cuales solo 4 han sido en el Gobierno de Iván Duque. El punto del Acuerdo más rezagado es el de la Reforma Rural Integral, con solo 15 de las 36 leyes que se identificaron como necesarias.
De la fuente de regalías que corresponde a paz, que se denomina Asignación Paz, solo el 51,7% se está dirigiendo a los municipios PDET. El 18,3% va dirigido a municipios Zomac y el 29,9% a otros municipios, en abierta violación de los establecido en el artículo 2 y 3 del Decreto Ley 413 de 2018 y el artículo 2 del Decreto 1426 de 2019.
Con fuente de Indepaz y otros organismos, señalan que “16.190 personas han sido desplazadas a lo largo de este año y el 36% de esta población permanece fuera de su lugar de origen. Al comparar esta cifra con la reportada durante el primer semestre de 2019, en lo corrido de 2020 ha habido un aumento del 96,8% de personas desplazadas”.
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Igualmente precisan que un total de 48.202 personas han sido confinadas en lo que va del 2020. “El 65,8% de los afectados son de la región del Catatumbo, en el marco del paro armado. En lo corrido de 2020 ha habido un aumento de este flagelo del 226,2% y en tan solo seis meses ya se superó por un 70,3% el total de personas confinadas durante todo 2019”.
El 42% de los municipios PDET tiene riesgo de fraude y violencia electoral, mientras que a nivel nacional esta cifra corresponde al 14%. Además, el 70% de los municipios del país con riesgo extremo son PDET: La subregión Chocó tiene el mayor porcentaje de municipios con riesgo (93%).
señalan además que desde el inicio del “proceso de dejación de armas, hasta el 13 de julio de 2020, los asesinatos de excombatientes ascienden a 210. Preocupa que desde el 24 de marzo, día en que inició la cuarentena general por causa de la pandemia del covid-19, 18 firmantes del Acuerdo han sido asesinados”.
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