El Estado fue hallado responsable de no proteger a los ciudadanos de Bojayá, Chocó, que derivó en un desplazamiento masivo.
Así lo determinó el Tribunal Administrativo del Chocó, al ratificar el fallo de primera instancia que indicaba que las víctimas deben ser reparadas. Por estos hechos, dice el Tribunal, la Procuraduría, el Ejército y la Policía deberán responder por omitir los llamados de alerta emitidos por la comunidad.
Este es el resultado del recrudecimiento del conflicto en esa zona, principalmente entre 2002 y 2003, como quedó en evidencia con la masacre del 2 de mayo de 2002, hace 17 años, en la que murieron 79 personas y fue destruida la iglesia, donde los habitantes se refugiaban.
La Sentencia condenó al Estado a pagar 312.000 millones de pesos para la reparación de las víctimas, quienes fueron forzadas a abandonar sus territorios por los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares.
