La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reabrió un proceso penal en contra de 33 integrantes de la guerrilla del M-19 quienes fueron ejecutados luego de robar un camión de leche en el barrio Diana Turbay de Bogotá el 30 de septiembre de 1985, para repartirla entre los habitantes del sector.
De acuerdo con el expediente, cuando sucedió el hecho y llegó la Policía Nacional al lugar, los subversivos se dieron a la fuga y la persecución terminó con su ejecución.
Al estudiar una demanda de revisión, la Corte dejó sin efecto las decisiones del 11 de marzo de 1988 y 7 de febrero de 1989, proferidas por el Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá y el Tribunal Superior Militar. En esta oportunidad la Corte envió el expediente a la Fiscalía General de la Nación para que inicie de nuevo la investigación.
La demanda se basó en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que señala que el Estado colombiano violó los derechos a la vida, la integridad física, la protección judicial y que no hubo una investigación imparcial, entre otros.
La decisión de la Sala Penal constató que en efecto la investigación de la jurisdicción militar fue superficial y que, de acuerdo con la Cidh, la aplicación de la justicia penal militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo y cuando el hecho tiene relación con actos del servicio.
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