La propuesta del Partido Alianza Verde de que los colombianos fijen una fecha límite a un acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, mediante una papeleta, parece inviable y ahora suma el rechazo de esa guerrilla.
Desde La Habana, los negociadores del grupo insurgente rechazaron la iniciativa al calificarla de “irresponsable”, al tiempo que insistieron al gobierno no considerarla.
“La propuesta es irresponsable, además porque apuestan al futuro de las conversaciones de paz, con todo lo que esto implica al juego electoral; en un país donde el fraude y la distorsión de la voluntad popular se hace por múltiples medios”, aseguró el jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada.
Agregó que este tipo de propuestas “son el común denominador en todos los procesos electorales. Esto lo conocen muy bien los promotores de la papeleta, a quienes consideró “unos verdaderos autistas, porque piden plazos para la paz, sin detenerse en pensar en la trágica realidad nacional que demanda es acabar con la guerra”.
La propuesta generó división en el mismo partido y expertos constitucionalistas la consideran inviable porque la figura de la papeleta no se escruta ni habría tiempo de convocarla, según la Registraduría Nacional.
La reacción de la guerrilla también se da después de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegurara que “el Gobierno no descarta esta iniciativa, pero tiene que analizarse más”.
La papeleta es una idea de varios senadores de la Alianza Verde anunciada la semana pasada. Sugiere que el próximo 25 de octubre (día de elecciones regionales) los colombianos voten sí o no para poner como plazo el 9 de abril de 2016 para un acuerdo de fin del conflicto entre el Gobierno Nacional y las Farc.
Sus gestores, los senadores Claudia López y Antonio Navarro, insisten en que en el momento difícil que atraviesan los diálogos por la pérdida de confianza social, la escalada de ataques guerrilleros y tras un año sin avances en la agenda, “los ciudadanos tienen la oportunidad de salvarlo a través del mandato popular”.
Analistas ven difícil su aplicación porque implicaría cambiar las reglas del proceso de paz, que en su documento base no establece tiempos límites para un acuerdo final.
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