Lo que debería ser una época de recogimiento y celebración se convirtió en una de zozobra para líderes sociales de Colombia. En las regiones está latente una triste expectativa sobre cuál será el próximo que entra a la lista de líderes sociales asesinados.
Desde el 19 de diciembre hasta hoy se han presentado ocho homicidios, dos atentados y una amenaza colectiva contra personas representativas en las comunidades.
De acuerdo con Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos, desde el 1° de enero de 2019 hasta el 17 de diciembre se presentaron 84 casos, una reducción del 25 % en comparación con 2018. Y, en este momento, sumando los 8 recientes, son 92, cifra menor a los 112 homicidios con los que terminó 2018.
Estos datos del Ejecutivo, según Barbosa, se basan en los de la Fiscalía General de la Nación y la ONU Derechos Humanos, quienes monitorean la situación permanentemente.
Las cuentas no coinciden con las investigaciones de Indepaz. El instituto calcula que en este mismo periodo han sido asesinados 235 líderes sociales, al menos nueve más que en 2018, y eso que aún no termina este año.
“Hay que detener el sistemático asesinato de los líderes sociales. Como Ministerio Público le pedimos al Gobierno convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de manera inmediata y que se asegure su funcionamiento, pues la amenaza es latente y hay que contenerla”, manifestó el procurador Fernando Carrillo en plena Navidad.
Varias razones
Barbosa asegura que “no puede hablarse de sistematicidad. Las razones son diversas, aquí no hay una política de exterminio ni una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen contra nuestros líderes, atados a fenómenos de delincuencia”.
Para el Gobierno, la victimización de líderes y defensores de derechos humanos es consecuencia de los grupos armados interesados en controlar el territorio para adueñarse de las economías del narcotráfico y la minería ilegal, que siguen siendo combustibles de la violencia.
“Esto ha sido contrarrestado de forma importante por la acción social del Gobierno en los 170 municipios PDET (con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial); que coinciden en tener alta presencia de grupos armados y asesinatos de líderes sociales”, adujo el consejero.
Para Leonardo González, de Indepaz, esas son algunas de las razones, pero, asegura, también los matan por “defender su territorio de intereses de las multinacionales, de proyectos energéticos y mineros”.
¿Medidas efectivas?
El Gobierno del presidente Iván Duque ha lanzado dos planes de protección a líderes sociales: el Plan Oportuno de Atención (PAO) y el programa de protección a líderes de sustitución voluntaria de cultivos. A estos, el Ejecutivo les atribuye la disminución en la problemática.
“Desde que se instaló el PAO (noviembre 2018) se han disminuido en 23 % los homicidios a líderes sociales. Pero para continuar por esa senda es necesario que todas las autoridades se comprometan, aquí no puede solo culparse al Gobierno Nacional, alcaldes y Gobernadores también tienen sus tareas”, señaló Barbosa.
Actualmente la Unidad Nacional de Protección tiene 8.657 protegidos, de ellos 4.726 son líderes sociales, lo que cuesta 400.000 millones de pesos del billón que utiliza la UNP para el total de protegidos. Además, 38 resguardos indígenas, 31 consejos comunitarios afro y dos organizaciones sociales gozan de protección colectiva.
Sin embargo, para los líderes no es suficiente. “Aquí nadie aclara quiénes son las tales Águilas Negras que nos tienen aterrorizados con panfletos. Cada que matan a un líder dicen que fue por robarle o por líos de faldas. Es lógico que nos digan que no hay escolta para cada líder, eso no es lo que queremos, es que nadie tenga la intención de matarnos”, dice uno de ellos, quien por la misma situación de riesgo pide no ser nombrado. La reducción en las cifras es un hecho, pero el anhelo sigue siendo que se llegue a cero
