Un fortalecimiento de las medidas de prevención y protección para los excombatientes de las Farc que se encuentran en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Ituango, Antioquia y Miranda, Cauca, anunció el Gobierno Nacional por medio del Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
“La situación de inseguridad en los alrededores de estos dos AETCR, está íntimamente ligada con su ubicación. Esto parece haberlo entendido la población en reincorporación en Monterredondo (Miranda), que en los últimos días aceptó nuestra recomendación de traslado a un sitio donde puedan adelantar sus proyectos productivos que traen en curso. También en consenso con Farc, se están evaluando los lotes donde sería reubicado el espacio de Santa Lucía en Ituango, Antioquia”, añadio el funcionario.
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En la última reunión de los organismos de seguridad y el Gobierno, se confirmó el interés de grupos armados organizados, específicamente del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, en “presionar a través de distintos mecanismos el retiro de la fuerza pública que custodia los AETCR de Santa Lucía y Monterredondo, ambos ubicados en corredores de tráfico de armas y drogas ilícitas”.
Sobre la situación de ataques y homicidios a excombatientes en el municipio de Ituango, la vicefiscal Martha Mancera, anunció la puesta en marcha de la “Borbuja de Investigación y de Investigaciones” en Antioquia con la que se busca contener las acciones contra la población civil y en proceso de reincorporación.
Añadió Mancera que de los 12 homicidios en Ituango contra exintegrantes de las Farc, la Unidad Especial ha esclarecido 9 casos, de 2 tentativas de homicidio se resolvió una y también se esclareció un caso de desaparición.
Por su parte Archila recordó que el compromiso es focalizar los esfuerzos de investigación por homicidios y amenazas y priorizar la atención de solicitudes de protección contra personas en reincorporación; así como reforzar las acciones de prevención por parte de ARN y UNIPEP. “Hace dos semanas se aprobó la implementación de esquemas de protección personal a 37 reincorporados que habían denunciado amenazas y cuyo estudio de seguridad arrojó riesgos reales contra su integridad”, dijo.
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